La fiscalía pedirá dos años de cárcel para los socios gallegos del plan para reabrir la mina de Touro, dicen ecologistas

En declaraciones a RNE, Cristobal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción, pide que se retire la declaración de proyecto estratégico que concedió la Xunta al proyecto de reapertura de la mina.  
 

En su opinión, con estos antecedentes carece de lógica mantener la declaración de proyecto estratégico a la reapertura da mina, teniendo en cuonta que los acusados son socios del proyecto de reapertura."Son varios anos contaminado e en vez de castigo, o premio é reabrir a mina", protesta. 

A través de un comunicado, adelanta EFE, la entidad ecologista indicó que ha recibido una notificación de la Fiscalía en relación con su demanda contra la empresa Explotaciones Gallegas, propietaria de la mina, que pretende explotar para la extracción de cobre.

La denuncia contra los responsables de Explotaciones Gallegas se basa en presuntos delitos contra el medio ambiente debido a los vertidos con «altas concentraciones de metales pesados» en la zona. En consecuencia, la Fiscalía también prevé solicitar multas que ascienden a 47.000 euros, según el comunicado de Ecologistas en Acción.

El proyecto actual, presentado como el "primer proyecto de producción sostenible de cobre de Galicia" por Cobre San Rafael, tiene como objetivo extraer entre 30.000 y 35.000 toneladas anuales de cobre, un mineral considerado estratégico para la Unión Europea por su uso en la transición energética (por ejemplo, en baterías y tecnologías renovables).

El proyecto fue declarado "industrial estratégico" por la Xunta de Galicia, lo que reduce plazos administrativos y facilita su tramitación

Explotaciones Gallegas, una empresa gallega perteneciente al grupo Francisco Gómez y Cía., es la propietaria histórica de los terrenos y los derechos mineros de la mina de Touro desde 1993, cuando comenzó a explotarla como cantera de áridos tras su cierre como mina de cobre en 1986. Esta compañía tiene un papel central en el proyecto actual por las siguientes razones:

1. Titularidad de los terrenos: Explotaciones Gallegas posee la mayoría de las fincas necesarias para la explotación (alrededor del 79% según Cobre San Rafael en 2024), lo que incluye 600 hectáreas de terrenos mineros históricos. El 21% restante pertenece a vecinos locales, algunos de los cuales han firmado acuerdos de venta o alquiler, mientras que otros podrían enfrentarse a expropiaciones si el proyecto avanza, dado su estatus de interés público.
2. Socio local de Atalaya Mining: En la alianza con Atalaya Mining, Explotaciones Gallegas aporta los terrenos y los derechos mineros, mientras que Atalaya, una multinacional con experiencia en minería de cobre (como en la mina de Riotinto, Huelva), aporta el capital, la tecnología y la gestión operativa. Atalaya posee el 80% de Cobre San Rafael, mientras que Explotaciones Gallegas retiene el 20%, aunque inicialmente Atalaya comenzó con una participación menor que ha ido aumentando conforme avanzaba el proyecto.