#Claves de la semana

El Parlamento debatirá la semana que viene la iniciativa para proteger por ley a bajura, marisqueo y mejillón

El texto llega con 17.838 firmas validadas por la junta electoral y sus promotores piden "dejar a un lado las diferencias"

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Archivo - Recogida y encuerde de la cría del mejillón en la costa de Pontevedra, a 1 de diciembre de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). La campaña de recogida de cría de mejillón en la costa gallega se ajusta este año a su calendario habitual. A parti

El texto llega con 17.838 firmas validadas por la junta electoral y sus promotores piden "dejar a un lado las diferencias"

El Parlamento de Galicia debatirá en el próximo pleno la iniciativa legislativa popular para el reconocimiento y protección de las actividades pesqueras y marisqueras. El texto llega con 17.838 firmas validadas por la junta electoral de Galicia.

En concreto, la iniciativa pretende proteger por ley las actividades tradicionales de pesca de bajura, marisqueo y cultivo de mejillón, que son "el corazón" de la estructura "socioeconómica de toda la sociedad gallega", según destacaron los promotores cuando hicieron entrega de 19.000 rúbricas el pasado junio en la Cámara autonómica, con el presidente de la Plataforma de Defensa de la Ría de Arousa, Xaquín Rubido, como portavoz de los diferentes colectivos.

Este martes, en rueda de prensa, los promotores de la iniciativa han advertido de que la situación actual es "muy preocupante para el conjunto del sector", la han calificado de "alarmante" en la acuicultura extensiva de mejillón y han hablado de "estado crítico" en el marisqueo.

"Esta situación interpela directamente al conjunto del Parlamento de Galicia y a su Gobierno y nos pone frente al espejo de sus respectivas responsabilidades a la hora de afrontar seria y conjuntamente esta realidad con medidas que eviten perder un capital humano tan valioso en conocimiento y experiencia y que permitan sanear las rías y regenerar los bancos marisqueros", han subrayado.

En este sentido, han remarcado que la toma en consideración de esta iniciativa por parte del Parlamento de Galicia es "un primer paso para darle una senda de futuro al sector del mar".

Y han hecho un llamamiento al "diálogo" para "poder cambiar el rumbo y evitar la práctica desaparición" de un sector "nuclear para Galicia". "Es necesario dejar a un lado las diferencias y reconocer que tenemos un problema colectivo", han incidido.

El texto es, según exponen, "resultado de la participación del tejido social vinculado profesionalmente al mar" y cuenta con el apoyo "explícito" de la Federación Galega de Confrarías y las Federacións provinciais, "todo el sector bateeiro", asociaciones de mujeres del sector Anmupesca y Mulleres Salgadas, sindicatos (CIG, CC.OO. y UGT) y asociaciones culturales.

También cuenta con el respaldo de los ayuntamientos de la ría de Arousa (Catoira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, Cambados, O Grove, Ribeira, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Rianxo), que, indican los promotores, "aprobaron prácticamente todos por unanimidad" su apoyo.

EL TEXTO
El texto, en concreto, busca la declaración de interés general "a todos los efectos" de las actividades de pesca, marisqueo y acuicultura de bivalvos realizadas en el ámbito geográfico competencial de la Xunta de Galicia.

También quiere que, en los planes de ordenación del espacio marítimo en Galicia, "por sus peculiares características", se priorice y garantice el ejercicio de las actuales actividades pesqueras, marisqueras y de acuicultura de bivalvos en el ámbito competencial de la comunidad, "frente a cualquier otro proyecto o explotación o a la introducción de actividades que resulten incompatibles o supongan una afectación negativa para dichas actividades productivas".

Así, para "cualquier proyecto o explotación que suponga un uso del espacio marítimo donde se estén desarrollando dichas actividades", establece que "será preceptivo y vinculando un informe" de la Consellería do Mar, "que de ser negativo obligará al órgano competente a dictar una resolución motivada poniendo fin al procedimiento y archivando las actuaciones". Este informe, según recoge el texto de la iniciativa, será remitido "en el plazo máximo de treinta días".

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