La mitad de los parques eólicos pedidos están sin evaluar pero se abre el plazo para pedir más
Las nuevas normas vigentes desde el 1 de julio aumentan la distancia a las casas y siguen permitiendo que agentes privados evalúen en parte la documentación ambiental, algo que los vecinos críticos con los planes interpretan como un truco para favorecer a las empresas pero que, a la vista de las cifras,no ha logrado por ahora acabar con el atasco burocrático que lastra el desarrollo de un sector cada vez más importante para la lucha contra el cambio climático en Galicia.
Pese a las polémicas que rodean a la éolica, esta tecnología encadena ya cuatro años siendo la más importante en Galicia, reduciendo de manera notable nuestra contribución al cambio climático.
La Xunta acaba de abrir este julio un nuevo período para solicitar parques eólicos terrestres. Termina así la moratoria implementada en enero de 2022, por el atasco producto una avalancha de solicitudes nunca vista.
Una verdadera fiebre del oro por el viento gallego que llevó a la presentación de 275 proyectos en la última ventana administrativa. La Administración tiene todavía más de la mitad todavía sin resolver, según datos dados a conocer hoy por RNE:
Algo que es un problema o una bendición, según quien opine. Un lastre para el desarrollo económico del país, señalan los empresarios del sector que han pedido en reiteradas ocasiones más agilidad y menos burocracia. La Asociación Eólica de Galicia lleva tiempo pidiéndole a la Xunta que contrate más personal para evaluar los planes.
La Xunta ha respondido con una medida muy polémica. Hasta diciembre de 2021, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), los análisis ecológicos que presentaban los promotores, los examinaba solo la Xunta. Desde entonces, la Consellería de Economía e Industria puede delegar esta farragosa labor en otras entes públicos e incluso en empresas.
“La Xunta ve que los funcionarios se empiezan a negar a firmar cosas, por eso contratan a un experto a sueldo y ese va a firmar todo lo que le mandemos”
Esperanza González, de Aldeas Libres de Macroélicos, interpreta que es un truco para allanarle el camino a las compañías. “La Xunta ve que los funcionarios se empiezan a negar a firmar cosas, por eso contratan a un experto a sueldo y ese va a firmar todo lo que le mandemos”, razonó la activista en RNE.
Ecologistas y plataformas vecinas opinan que la Administración es demasiado laxa en la evaluación de los proyectos. Cuatro, como el de Campelo y Bustelo, han sidos suspendidos cautelarmente este año por sentencias de TSXG, recurribles, y el Tribunal Supremo ha fallado en contra de otros dos. La clave de varios de estos pleitos es que los parques han sido tramitados por separado cuando comparten algunas infraestructuras, lo que obligaría a tramitarlos como una única instalación que, por su tamaño, debería evaluar el Estado y no la Xunta.
En San Caetano, lógicamente, discrepan sobre esta supuesta laxitud a favor de las eólicas. Así, el director xeral de Planificación Enerxética da Xunta Pablo Fernández interpreta que esta externalización no supone rebaja de los requisitos medioambientales a los parques pues la última palabra siempre está en manos de la Administración.“Lo que se pretende es acreditar una competencia por parte de estos organismos, que después por supuesto va a tener que ser revisada por parte de la Xunta”, señala el cargo público.
MAYOR DISTANCIA MÍNIMA
Una novedad de las normas del período que ahora se abre es la distancia mínima entre aerogeneradores y centrales. Las nuevas máquinas deberán estar a cinco veces la distancia de la altura del buje más la pala. Hay que tener en cuenta que en los últimos años los molinos de vientos han disparado su tamaño. A principios de siglo los aerogeneradores medios tenían un diámetro rotor de menos de 100 metros. La tendencia es de menos máquinas por parque, pero con envergaduras muchísimo mayores. La tendencia media actual es de máquinas con diámetros rotores de más de 150 metros.
Esta ampliación de la distancia a las casas es un cambio sin efecto retroactivo. Es decir, los que tengan su hogar cerca un aerogenerador no podrán lograr su retirada. Ahora bien, los colectivos críticos con los parques eólicos interpretan que con la nueva norma la Xunta está reconociendo implícitamente que hay parques eólicos que provocan daños al bienestar de los vecinos.
UN SECTOR EN CLARO AVANCE PESE A LAS POLÉMICAS
Desde 2019, cuando dejó de usarse carbón en Endesa As Pontes, la energía eólica es la que más aporta a toda la que se produce en Galicia. Un dato muy importante para luchar contra el cambio climático, pues la térmica era -y aún es, pese a que solo se enciende en invierno- la principal fábrica de CO2 de Galicia mientras que la eólica es renovable, con emisiones mínimas, aunque sí tenga un relevante impacto ambiental y visual en los montes.
En 2022, de los más de 25.000 megawatios hora que se produjeron en el país el año pasado, casi 10.000 fueron procedentes de la eólica, duplicando la contribución del gas o de la hidráulica.
Pese al atasco burocrático que la Xunta no ha logrado solventar y a la relevante oposición social -con docenas de plataformas vecinales locales críticas y varios fallos judiciales en contra de media docena de parques - la eólica está ganando peso en el sistema energético de forma decidida.
En 2018, su aportación al mix no llegaba al 30% y es probable que, ante la progresiva entrada de los nuevas centrales aprobadas en los últimos años, pronto aporte más de la mitad.
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