​Ciudadanos se resigna a tener paciencia para que el PP cumpla el pacto

Ciudadanos es consciente que la reforma en profundidad que pactó con el PP para la investidura de Mariano Rajoy en agosto de 2016 no estará incluido en los próximos Presupuestos Generales del Estado y se resignan a tener que esperar a los ejercicios presupuestarios de 2018 y 2019.

Esta reforma, que suponía la eliminación de las deducciones para grandes empresas, era una de las tres vías de ingresos que incluía el acuerdo de 150 medidas pactadas entre ambas formaciones al inicio de la legislatura.

La medida implicaba la obtención de unos 3.000 millones de euros, más de la mitad de los 5.000 millones de euros con los que compensar las partidas de gasto presupuestadas entonces, y 4.000 millones para cada uno de los tres ejercicios siguientes

Sin embargo, fuentes de la formación naranja asumen que no será posible incluir la deseada reforma tributaria y que, anteponeniendo la estabilidad y la gobernabilidad del país, no exigirán al Gobierno el cumplimiento de dicha medida. En todo caso, dichas fuentes aseguran a Europa Press que esperan este compromiso se vea cumplido en ejercicios presupuestarios posteriores.

IMPLICABA CERRAR "AGUJEROS" Y MEJORAR EL CONTROL

En el documento pactado por las dos formaciones se recogía que en un plazo máximo de tres meses desde la constitución del Gobierno se aprobaría la reforma, que sin elevar los tipos nominales del impuesto, podría incrementar la recaudación cerrando "agujeros" y mejorando el control.

Ciudadanos no cree que la reforma desarrollada por el Ministerio de Hacienda a finales de septiembre del pasado año cumpla los requisitos marcados en dicho acuerdo. De hecho, a pesar de que aprobaron la convalidación de la reforma en el Congreso, fueron especialmente críticos por la necesidad de la norma, pues implicaba que existía un desvío presupuestario por la mala planificación de las cuentas.

La reforma supuso un adelanto del pago fraccionado para las empresas que cotizan más de 10 millones de euros y se impulsó con el objetivo de recaudar más de 8.000 millones de euros con los que mejorar la cifra del déficit público y cumplir con los objetivos acordados con Bruselas.

LA AMNISTÍA FISCAL YA GENERÓ DUDAS

No es la primera vez que la previsión de ingresos contemplada en el pacto es puesto en cuestión, ya que, según sostenía el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre, el plazo para reclamar la parte de las declaraciones no tributadas por la amnistía fiscal caducó el 30 de noviembre, sin que el ministerio aprobara una resolución en este sentido.

La formación que lidera Albert Rivera llevó al Congreso varias iniciativas al respecto y llegó a interpelar al ministro Cristóbal Montoro, que aseguró que la Agencia Tributaria podría iniciar esos procedimientos cuando quisiera, pues no existía caducidad para ello.

La recaudación del 10% de las declaraciones, tal y como marcaba la amnistía fiscal, y no del 3% como, aseguraban desde Ciudadanos, se acabó tributando, iba a suponer, junto al endurecimiento de la lucha contra el fraude, otros 1.000 millones de euros para 2017.

¿QUÉ PASA CON EL 'SPENDING REVIEW'?

Los otros 1.000 millones de euros, para completar los 5.000 millones previstos en el pacto, se completarían con una revisión del gasto de las administraciones públicas, la auditoría conocida por la formación naranja como 'spending review'.

Precisamente, el portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, preguntará a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría en la próxima sesión de control al Gobierno cómo piensa afrontar este 'recorte' en la administración, que en un inicio trata de eliminar duplicidades y gasto "superfluo".