González-Criado declara cerca de dos horas y media en el caso de los retrasos por la hepatitis C

Carolina González-Criado, subdirectora de Farmacia, declaró cerca de dos horas y media en los juzgados de Santiago por el caso en el que está investigada por supuestos retrasos en tratamientos de hepatitis C, contestando a todas las preguntas que formularon tanto la Fiscalía como la acusación particular de los afectados. 

Así lo aseguró Quique Costas, presidente plataforma de los afectados, que pudo entrar durante unos minutos a la sala para constatar que la investigada está defendido su labor, aunque no puede dar detalles de las respuestas que está ofreciendo. 

Costas se declara "ansioso" por comenzar a analizar el contenido de las declaraciones para ver qué pasos pueden dar para contribuir a que la causa avance y se determine lo que pasó. No considera un triunfo la declaración de la investigada, afirma que lo único que quieren es conocer en detalle cómo se hicieron las cosas para que ningún gestor político en el futuro "tenga la tentación de hacer las cosas del mismo modo". 

El otro investigado, Félix Rubial, comenzó a declarar en torno a la una de la tarde. Se espera un interrogatorio igualmente extenso.

LLEGADA A LOS JUZGADOS 

Ambos altos cargos estaban citados para las diez de la mañana, pero llegaron a los juzgados sobre las nueve, seguramente para eludir la elevada expectación mediáticaque en estos momentos existe alrededor del juzgado, con decenas de periodistas congregados.

Los dos altos cargos del Sergas evitaron hacer declaraciones a su entrada a los juzgados, a los que acudencomo investigados por un presunto delito de prevaricación, aunque la Fiscalía también detectó en el caso indicios de homicidio imprudente por el momento el juez no ha aceptado esa consideración.

Tienen que responder por los retrasos que se produjeron en los nuevos medicamentos contra la enfemedad, que según la fiscalía fueron "de tipo presupuestario del Servicio Galego de Saúde y no de contenido médico o clínico". La denuncia de la Fiscalía habla de 6 enfermos que murieron entre Galicia entre 2014 y 2015, después de ver negados o retrasados sus tratamientos pese a las advertencias de los facultativos que los atendieron y a que cumplían los requisitos del protocolo.

Desde que trascendió el caso ambos cargos han sido respaldados por la Xunta, tantopor el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, como por el propio presidente de la Xunta. Ambos defendieron en sede parlamentaria la subcomisión en la que se integraban estos dos altos cargos, sosteniendo que los tratamientos siempre fueron autorizados en base a "criterios clínicos".