​Trabajadores de la administración en Pontevedra denuncian una "campaña de privatizaciones de servicios públicos"

Trabajadores de la Administración General del Estado en Pontevedra se han manifestado este martes en varios puntos de la ciudad de Vigo. Protestan contra la "campaña de privatizaciones de servicios públicos" que según ellos se está llevando a cabo, cediendo "a manos de empresas privadas" funciones que hasta ahora eran responsabilidad de personal funcionario y laboral.

El secretario de la junta de personal funcionario en Pontevedra, Xulio César Iglesias, asegura que se está quitando carga de trabajo a personal público para dárselo a empresas privadas, con lo que se "aumenta el coste para la ciudadanía por la prestación de servicios".

Además, ha subrayado que de personal funcionario que accede a su puesto por oposiciones se pasa a personal contratado con "contratos precarios", que gestiona información de la ciudadanía "sin suficientes garantías". Así, ha recordado que un funcionario, por el carácter fijo de su puesto, puede negarse a hacer algo ilegal, pero el contratado podría no poder hacerlo por mantener su puesto.

"Pasamos de un trabajo fijo estable a un trabajo más precario y pagado con fondos públicos" donde "los principales afectados son los ciudadanos", ha asegurado el portavoz, que ha explicado que las privatizaciones se van haciendo "paulatinamente y por partes para que no salte"; y ha calculado que el personal funcionario y laboral "bajó casi un 9 por ciento" desde el 2012 hasta la actualidad.

Sostiene que existen informes del Tribunal de Cuentas en los que "reconoce que no hay garantías de que se ahorren costes ni que haya una causa para externalizar los servicios". En este marco, ha apuntado a que la privatización sólo genera "beneficio para las empresas", algunas de las cuales ha apuntado que están "vinculadas a grupos de poder político y económico".

EJEMPLOS DE PRIVATIZACIONES

Como ejemplo de servicios privatizados, ha mencionado la atención telefónica en la Tesorería de la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria, en el Servicio de Empleo y en Tráfico; así como el envío de correspondencia. Además, ha asegurado que se ha privatizado la vigilancia exterior en penitenciarías, que antes realizaba la Guardia Civil, lo que ha dicho que supone un "doble gasto".

A mayores, Iglesias ha criticado que el objetivo del Gobierno actual es que el máximo de trámites posible se hagan por Internet y así cerrar "muchas redes de oficinas". No obstante, Iglesias ha mantenido que eso supondrá que aquellas personas del rural o que no puedan costear Internet queden "desprotegidas" o tengan que "gastar en una asesoría".