Empresas del sector primario golpeadas por el coronavirus piden al Gobierno "soluciones"

Un centenar de empresas y organizaciones españolas han demandado "soluciones" para los mercados no sedentarios de proximidad mediante una carta remitida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

En ese sentido, se ha reclamado que se dicten instrucciones a las distintas administraciones para que "busquen soluciones" que permitan el el acceso controlado a estos puestos, así como que se regulen las condiciones de higiene y seguridad sanitaria necesarias para evitar la propagación del COVID-19 en los mismos. De este modo, se ha apuntado que se aspira a "mejorar el derecho a la alimentación y a una nutrición adecuadas a toda la población por medio de estos canales".

El escrito, remitido por el Sindicato Labrego Galego (SLG), también ha solicitado que se permitan los traslados a granjas, huertos y corrales de autoabastecimiento de alimentos, además de autorizarse los desplazamientos de ganado trashumante y transterminante.

Además, se ha instado a las administraciones a priorizar los productos locales en la compra pública realizada para abastecer a hospitales, centros de mayores y comedores sociales, entre otros, así como a trasladar a la sociedad la importancia de apostar por el pequeño comercio. En la misma línea, se ha propuesto que se incentive la reapertura o la creación de mataderos municipales "para facilitar la venta directa y los canales cortos de distribución (de productos locales)".

En este sentido, las empresas y organizaciones firmantes de la carta han señalado la necesidad de potenciar y flexibilizar la concesión de registros sanitarios a ganaderos "para facilitar la venta directa de sus productos".

Adicionalmente, se ha reclamado al Gobierno la puesta en marcha de medidas fiscales, como la exención del pago de autónomos, para apoyar a los pequeños productores y compensar las pérdidas derivadas de la crisis sanitaria. Asimismo, las entidades firmantes han insistido en la necesidad de que los intermediarios paguen "un precio justo" a los productores.