​Advertencia de los vecinos de Touro y O Pino a la empresa minera: “Sin licencia social no hay minería”

La ‘Plataforma Veciñal Mina de Touro-O Pino NON’ reclama a Atalaya Mining, empresa que proyecta reabrir la mina en 2021 como fechó esta semana su CEO, Alberto Lavandeira, y que confirmó que la declaración de impacto ambiental del proyecto se encuentra en “la fase final”, la “licencia social” que en todo caso “no equivale a una licencia ambiental. Además, en O Pino APLU vuelve a requerir información al alcalde Manuel Taboada.

Protesta contra el proyecto minero

Desde el colectivo advierten que sin esa licencia “no hay minería”. “La licencia social es el aval que una comunidad da a un proyecto, algo intangible, no se puede medir, aparentemente, es algo que permanece vivo, constante, en movimiento continuo, por ello es tan importante como cualquier otro factor medible, ponderable”, justifican desde la plataforma, valorando que sin ese trámite “aquí no pintan nada”.

En la misma línea, desde la plataforma informan que carecer de la licencia social trae consigo una serie de hándicaps para el proyecto. “Conflictividad social, retrasos de ejecución, incremento de costos, hastío de inversores, incremento de costes, abusos de poder, amenazas veladas, confrontación y creación de conflicto de intereses”, elementos que “hacen imposible la convivencia con los medios sociales, culturales y económicos” de la zona.

LAVADO DE CARA

Por otro lado, la plataforma ha acusado a la empresa promotora de intentar “comprar” esa licencia social mediante técnicas como “comprar camisetas a equipos deportivos, ofrecimientos a poblaciones locales de patrocinio de fiestas, entrevistas a doble página en medios de comunicación favorables, mediáticos controles de calidad ambiental con el fin de que la población se confíe, conversaciones en tonos amables y en entornos favorables al convencimiento…”

Protesta contra la mina de Touro

“Todo ello en un enfoque populista de vinculación bajo un velo de pretendida Responsabilidad Social Corporativa con artificiales publirreportajes de paisajes idílicos sólo creíbles en una película de ciencia ficción futurista”, reprochan los miembros del colectivo. A su vez, recuerdan que además de esta licencia el proyecto minero “no ha superado los quince informes sectoriales requeridos”.

SEGUNDO REQUIRIMIENTO A O PINO

Por otro lado, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística ha emitido una solicitud por escrito donde vuelve a reclamar al Ayuntamiento de O Pino, gobernado por Manuel Tabodada, el “expediente relacionado con los sondeos realizados por Cobre San Rafael S.L. en vías públicas, cuando esta carecía de autorización”.

“La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística advierte por escrito el alcalde de O Pino, Manuel Taboada, su deber de colaborar entre las  administraciones tal como estipula el artículo 370 del Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia ‘en orden a la protección de la legalidad urbanística’”, subrayan desde la APLU.

Vías públicas de O Pino

Esta supone la segunda petición de información que solicita la APLU al ayuntamiento después de que una de agosto de este mismo año todavía no haya obtenido respuesta por parte de la administración local. Esta llega dos meses después y tras el requerimiento de Óscar Vilar, del PSdeG de O Pino, que denunció “desinterés” y “favoritismo a empresas amigas” del gobierno municipal.