La subida salarial del funcionariado gallego dependerá de la aprobación de los PGE

Los funcionarios gallegos están a la expectativa de lo que ocurra con los presupuestos generales del estado (PGE) de 2018 después de la moción de censura que ha desalojado del poder a Mariano Rajoy y que ha aupado al socialista Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno central.

En la primera jornada del debate, el secretario general del PSOE se comprometió a mantener las cuentas aprobadas por la Cámara Baja el pasado 23 de mayo y que aún están pendientes de tramitar en el Senado.

La última votación se calcula para el 20 de junio y los populares, antes de conocerse el resultado de la votación, ya descartaron la que todavía es una opción plausible: tumbar sus propios presupuestos en el Senado si Sánchez ganaba la moción (como finalmente ha ocurrido).

En Galicia, sindicatos de función pública denuncian que los empleados públicos de esta comunidad son los que con más fuerza han sufrido los ajustes durante la crisis, por lo que exigen recuperar "lo hurtado".

Así, CSIF, UGT y CC.OO. iniciaron una ofensiva para solicitar a la Xunta la convocatoria de la mesa general para negociar mejoras retributivas y otras de carácter laboral.

Al respecto, la Consellería de Facenda responde que será la entrada en vigor de las cuentas generales del estado la que permitirá aplicar un incremento retributivo.

"Cuando entren en vigor permitirán aplicar un incremento retributivo fijo del 1,5% a todos los empleados públicos, así como un 0,25% adicional con efectos desde el 1 de julio, una vez el Consejo de Ministros comunique el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria", apuntan fuentes del departamento de Valeriano Martínez consultadas por Europa Press.

OFENSIVA SINDICAL
La ofensiva de CSIF, UGT y CC.OO. para los empleados públicos de la administración general llega después de las reivindicaciones de los empleados públicos de justicia -huelga de tres meses mediante- y tras las reclamaciones de los profesionales de la educación y de la sanidad pública en Galicia.

Aunque los movimientos vienen de lejos, con más fuerza y hacia fuera -a través de los medios de comunicación-, CC.OO. exigió el jueves de la semana pasada una mesa de negociación a Facenda para mejorar las retribuciones de funcionarios y laborales de la Xunta.

Al día siguiente, CSIF dio a conocer un estudio con el que denuncia "discriminación" salarial de los empleados públicos gallegos con respecto a otras comunidades, y avanzó que no descarta ninguna medida, incluida la huelga, para lograr un aumento en los sueldos de los trabajadores de las consellerías.

Ya esta semana, UGT resumió en dos palabras el espíritu de estas reclamaciones: 'Agora, nós', el lema con el que recalca que en este momento, a su juicio, les toca a los empleados públicos recuperar el poder adquisitivo "hurtado" durante la crisis, que esta central cifra en un 19% en términos globales.

EL PISTOLETAZO DE SALIDA
La aprobación inicial de las cuentas generales marcó el pistoletazo de salida a las exigencias sindicales, pero ahora falta la materialización de ese documento.

Hace ya más de un mes, el 25 de abril, en sede parlamentaria, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, aseguró que Galicia sería "de las primeras comunidades" en aplicar "de manera directa" la subida salarial a los funcionarios.

Se refería el titular del departamento autonómico al acuerdo alcanzado en marzo por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro y los tres sindicatos (CSIF, CC.OO. y UGT) en el ámbito estatal: las dos partes pactaron un alza de hasta un 8,79% aplicado en tres anualidades, desde el ejercicio en curso hasta 2020.

Le interpelaba entonces en el hemiciclo el socialista Juan Díaz Villoslada, quien, como también han hecho En Marea y BNG durante los últimos meses, reclamaba en el pleno la retirada de la ley de medidas temporales que suprimió en la comunidad pagas extra a los funcionarios.

"El Gobierno gallego fue durante los años 2013, 14, 15 y 16, el que más redujo los salarios y las retribuciones de sus empleados públicos", criticó el diputado del PSOE durante aquel debate.

A estas acusaciones, Martínez respondió con el contenido del segundo acuerdo para la mejora del empleo público, firmado en la comunidad el 26 de marzo, y de la que podrán ser beneficiarios unos 105.000 empleados públicos, según sus números.

De los seis puntos que incluye el acuerdo, el conselleiro indicó que tres (sobre una comisión de seguimiento, necesidades formativas y la jubilación parcial) "tienen que hacerse efectivos por el estado" y los otros tres, entre ellos el referido a sueldos, según dijo, estaban "pendientes" de la aprobación de los presupuestos generales de 2018 "para hacerlas efectivas cuanto antes".

Preguntada al respecto, la consellería recuerda que "cualquier negociación salarial en el ámbito de la administración general dependerá de la entrada en vigor de los presupuestos generales del Estado para 2018".

"YA NO HAY EXCUSAS"
"La disculpa" hasta este momento "era que no había presupuestos generales", pero "ahora aprobados están" y por lo tanto "ya no existen excusas", advirtió estos días la secretaria general de la Federación de Empleados Públicos de UGT Galicia, Irene Martínez.

De acuerdo con sus datos, además, la aplicación del acuerdo estatal afectará en la comunidad gallega a 147.000 trabajadores, casi 94.500 dependientes de la mesa general que las tres organizaciones sindicales reclaman a Facenda.

Entre los números que aportó el portavoz de CSIF José Brunete relativos a la "brecha salarial" está la diferencia de hasta un 53,8% para los funcionarios del grupo A en comparación con País Vasco y del 42% para los del grupo A2, del 35,24% para el grupo C1 y del 34,43% para el C2 con respecto a Navarra.

Mientras, CC.OO. presentó a la Dirección Xeral de Función Pública una propuesta de cronograma para el "desarrollo y ejecución" de ese segundo acuerdo de mejora en el empleo público. Implica la realización de procesos como una oferta de estabilización, una OPE común, concurso de traslados, promoción interna y funcionarización.

"LO COMIDO POR LO SERVIDO"
Por su parte, la CIG se desmarcó ya desde un primer momento del acuerdo estatal, que tilda de "papel mojado", al vincular, dice, los incrementos retributivos con la evolución del PIB en lugar de con el IPC. "Este año las previsiones ya están por encima de lo que se calculaba, así que quedará lo comido por lo servido", explican fuentes de la central nacionalista consultadas por Europa Press.

Así las cosas, los nacionalistas se centran en la huelga general que tienen convocada para el próximo martes 19 de junio, que "engloba todo", puesto que pretende combatir la precarización del empleo tanto en el sector privado como en el público.

"INTENCIÓN DE TRASLADAR EL ACUERDO"
Por su parte, Facenda subraya que la comunidad autónoma de Galicia "ya ha manifestado su intención de trasladar a los empleados públicos el contenido del acuerdo firmado entre el Gobierno central y los sindicados UGT, CC.OO. y CSIF".

Añade que este compromiso "se concretó" en una moción aprobada en la Cámara con el apoyo de PP, PSOE y En Marea, y que incluye el relativo a negociar diversos puntos con las organizaciones sindicales "y de acuerdo con los criterios que se establezcan en la comisión de coordinación del empleo público".

Entre estos puntos figura el de "establecer las medidas a las que se dedicará el porcentaje adicional de la masa salarial que el Gobierno gallego estará autorizado a aplicar para los años 2018, 2019 y 2020 dentro del marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera".