CC.AA de PP y C-LM defienden la nuclear y Aagesen insiste en que las empresas acordaron el calendario de cierre

Los consejeros con competencias de Energía de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han pedido este jueves a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que alargue la vida de las centrales nucleares, tal y como aprobó ayer el Congreso de los Diputados a raíz de una Proposición No de Ley (PNL) de los 'populares'.

Además, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha trasladado a Aagesen que la transición energética de la región pasa por seguir apostando por las energías renovables. Aún así, ha recalcado que el funcionamiento de la central de Trillo es "importante" mientras la comunidad autónoma no logre "autonomía" con un "100% de energías renovables. Según ha explicado en declaraciones a Europa Press, la central genera 1.000 MW de energía que a día de hoy les son necesarios y de los que no pueden prescindir.

Por su lado, Aagesen ha insistido en que el calendario fue acordado por las empresas y plasmado en un Protocolo firmado en 2019 y que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado su modificación.

Así lo han hecho en el marco de la Conferencia Sectorial de Energía, donde los consejeros de comunidades gobernadas por el PP han expuesto ante Aagesen que "no hay razones objetivas" que justifiquen la clausura de las centrales ya que son "seguras" y que su producción eléctrica es "fundamental" para el país. Desde el PP, abogan por prolongar la vida útil de las centrales más allá del calendario de cierre, por el que se clausurarán de manera escalonada entre 2027 y 2035. Según han recalcado, la energía nuclear es "barata", "limpia" y ofrece "seguridad en el suministro".

EL PP DICE QUE EL PNIEC ES "PAPEL MOJADO"
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha considerado que detrás del cierre de las centrales "sólo hay ideología" y ha criticado que la antecesora de Aagesen, Teresa Ribera, planificara la eliminación de esta energía en España mientras la "defiende" en otros países europeos para "garantizarse su puesto" actual de vicepresidenta de la Comisión Europea.

Tal y como ha recordado Martín, las centrales aportan "más del 20%" de la electricidad que se genera en España. Según ha advertido, si éstas cerrasen habría que sustituir ese porcentaje por otras fuentes como el gas, "que es contaminante y ausente en España y en Europa". A su vez, ha avisado de que el cierre de las centrales supondría un incremento del precio medio de la electricidad, el aumento de las emisiones y mayores importaciones de gas natural, ya que "esta energía no puede sustituirse por completo con energías renovables".

Asimismo, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP ha incidido en que el cierre de la nuclear se planteó junto a un plan de inversiones en almacenamiento de energía y renovables que se ha incumplido. En su opinión, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) es "papel mojado"; el despliegue de almacenamiento de energía, "un fracaso absoluto"; y la eólica no alcanza "ni de lejos" los objetivos previstos.

En declaraciones a Europa Press, Martín ha añadido que los datos de previsiones del PNIEC fijaban un objetivo de desarrollo de 18.900 megavatios hora (MWh) para el año 2030 en lo referente al almacenamiento de energía. Esto supondría, según ella, "2.080" MWh al año, cuando el despliegue "real" es de cero. Además, ha explicado que el objetivo del PNIEC en cuanto a energía eólica era de 62.000 MWh, lo que equivaldría a 5.000 MWh al año cuando el despliegue actual es de 825 MWh. "Son objetivos irreales (...) Estos datos ya conocidos y publicados deberían llevar al gobierno a la reflexión sobre la necesidad de prolongar la vida útil de las nucleares", ha insistido.

Por esta parte, ha puesto como ejemplo el cierre de la central de Almaraz (Extremadura), que será clausurada entre el 2027 y el 2028. A su juicio, su cierre tendría unas consecuencias socioeconómicas "terribles", ya que da trabajo a más de 4.000 personas. Así, su clausura supondría una caída del "36%" de la población activa y del "60%" de los ingresos de los municipios de la zona de influencia".

MADRID PIDE DIÁLOGO CON LAS NUCLEARES
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha pedido a la vicepresidenta tercera que realice un acercamiento y una llamada proactiva a las empresas involucradas con el sector nuclear, como se ha hecho en el pasado con otros sectores. A su parecer, debería buscar soluciones que eviten "lastres" a la competitividad de España debido al encarecimiento de la energía.

A su vez, ha respondido a Aagesen y ha criticado que su única respuesta sea acusar a las empresas del sector de no haber mostrado un interés explícito en prorrogar la vida útil de las centrales".

Por su lado, el consejero de Industria, Energía y Minas de Andalucía, Jorge Paradela, ha incidido en que el momento geopolítico presente y futuro no invita a proceder con el cierre de las nucleares. "Aunque en Andalucía no contamos con este tipo de instalaciones, compartimos que no es el momento de proceder al cierre de estas centrales", ha señalado.

¿EL PP PREFERIRÍA QUE LOS CIUDADANOS PAGARAN 20.000 MILLONES MÁS?
Por su lado, la ministra ha recordado que el calendario de cierre nuclear prolonga la vida útil de diseño de las centrales, fijado en 40 años, hasta una media 45,8 años. A su vez, ha incidido en que el cierre ordenado y progresivo es la base del PNIEC, base del desarrollo renovable que está propiciando la afluencia de inversión industrial. "El Gobierno trabaja en una doble vertiente con la energía nuclear: garantizar la seguridad de suministro, que avalan los estudios que recoge el PNIEC, y promover una transición justa en los territorios donde cierren las centrales", ha remarcado.

Con relación a la fiscalidad de las centrales, la vicepresidenta ha recordado que el Gobierno no ha modificado la imposición a las centrales. Por otro lado, ha indicado que ha habido que elaborar un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos en sustitución del anterior, que estaba "totalmente desfasado".

Este plan calcula los costes de gestión de los residuos en 20.000 millones de euros, que en opinión del Gobierno deben sufragar las empresas titulares de las centrales, de acuerdo con el principio de 'quien contamina, paga'. "¿Los que piden reducir la fiscalidad nuclear quieren que esos 20.000 millones los paguen los españoles en lugar de las empresas?", se ha preguntado.