Foro Galego de Inmigración denuncia que se remita a solicitantes de asilo a la web de extranjería, "siempre colapsada"

El Foro Galego de Inmigración ha denunciado este lunes que la Comisaría de Policía de Santiago ha remitido una comunicación a ayuntamientos, ONG, entidades sociales y otros colectivos anunciado que, a partir de este mes de febrero, los solicitantes de asilo deberán dirigirse a la web general de extranjería, al igual que ya ocurre en el resto de la provincia de A Coruña.

El Foro ha calificado esta situación como "un nuevo ejemplo de racismo institucional", ya que este sitio web está "siempre colapsado", y ha lamentado que se ponga fin al anterior sistema de cita telefónica implantado en febrero de 2023.

Según ha recordado esta entidad, precisamente debido a esa situación de colapso, se llevaron a cabo una serie de reuniones con mandos policiales de Galicia en 2022, y estos mismos mandos "reconocieron el colapso permanente" de la web, "atacada sistemáticamente por 'bots' que consiguen cientos de citas en poco tiempo en diferentes lugares del Estado". Esto tenía unas consecuencias "aberrantes", ya que se establecían sistemas de venta de citas para personas migrantes "desesperadas".

A partir de esas reuniones, se acordaron sistemas alternativos: cita presencial en Pontevedra, cita mediante correo electrónico en A Coruña, y citas telefónicas en Santiago, Vigo, o Ferrol.

En el caso de Santiago, el Foro ha explicado que el sistema funcionaba de forma aceptable y garantizaba la posibilidad de atender a unidades familiares completas (que no es posible en la web). Por ello, han alertado de que "la imposición de vuelta al sistema informático, sin explicación ni justificación alguna", solo puede obedecer "a un nuevo intento de desesperar a la población migrante e impedir, en la práctica, su acceso a un derecho humano fundamental".

Por ello, han reclamado que se mantenga el actual sistema de citas, tanto en Santiago como en el resto de Comisarías de la provincia de A Coruña, y han exigido un compromiso de los mandos policiales para convocar a las entidades sociales para consensuar cualquier tipo de cambio al respecto, que sea para "mejorar" el acceso a este derecho "y no para impedirlo en la práctica".