#Claves de la semana

Trabajadores de normalización lingüística llaman a volver al "consenso" para favorecer el uso del gallego

La Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) hace un llamamiento para que haya una vuelta al "consenso" con motivo de los 20 años de aprobación, por unanimidad en el Parlamento autonómico, del 'Plan xeral de normalización da lingua galega'.

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La Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL) hace un llamamiento para que haya una vuelta al "consenso" con motivo de los 20 años de aprobación, por unanimidad en el Parlamento autonómico, del 'Plan xeral de normalización da lingua galega'.

En un comunicado, lamentan que después de dos décadas no se alcanzaron los objetivos establecidos en el plan y "continúan sin aplicarse" las 400 medidas recogidas en el texto.

Además, exponen que este plan no está adaptado a los avances de los últimos años en la sociedad gallega, tales como la irrupción de redes sociales, la inteligencia artificial o el aumento de población migrante.

Por ello, los trabajadores por la normalización se quejan de la "vía muerta" en la que se encuentra el plan, con ausencia de presupuesto y personal específico, al tiempo que se produce un descenso "alarmante" en el uso del idioma propio de Galicia y en su transmisión intergeneracional.

Emplazan a la Xunta a un "cambio rumbo" con la eliminación de "toda medida antinormalizadora y la apertura de una nueva etapa".

EL BNG EXIGE CUMPLIR RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EUROPA
Por su parte, el BNG ha presentado varias iniciativas en el Congreso para que el Estado cumpla con las recomendaciones del Consejo de Europa y cumpla con la Carta de las Lenguas.

El diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, avisa de que "es el momento de avanzar en el respeto de los derechos lingüístico de la ciudadanía y garantizar el uso del gallego en todos los ámbitos de la Administración del Estado": ámbito judicial, administrativo y personas consumidoras.

El BNG pide aprovechar la tramitación de la ley de eficiencia organizativa para incorporar más derechos lingüísticos en la administración de justicia, como ya ha avanzado con enmiendas a este texto.

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