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Galicia, entre las CCAA con peores sistemas de servicios sociales al descender en el 'Índice DEC 2023'

El informe apunta a un "desequilibrio" en el sistema gallego: excelencia en reconocimiento de derechos, pero baja inversión y cobertura

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Archivo - Un hombre pasea junto a una mujer mayor en las inmediaciones de la residencia Albertia, a 17 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España). Una de las nuevas medidas incluidas en la desescalada de Galicia consiste en la ampliación de las posibilid

El informe apunta a un "desequilibrio" en el sistema gallego: excelencia en reconocimiento de derechos, pero baja inversión y cobertura

Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas con peor desarrollo de su sistema de servicios sociales al caer su puntuación hasta un 4,49 en 2023, de acuerdo con el 'Índice DEC' (Derechos, Economía, Cobertura) elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

De esta forma, Galicia está casi empatada con la Comunidad de Madrid y solo supera a la Región de Murcia y a Cantabria. Según este documento, el desarrollo de los servicios sociales públicos gallegos es calificado como "débil" y, pese a que en 2022 había alcanzado la puntuación más elevada en una década (5,13), en 2023 ha descendido al retroceder en las tres dimensiones del índice: ordenación del sistema, relevancia económica y cobertura efectiva.

Este informe advierte de un "desequilibrio" en el sistema gallego. Y es que cuenta con una muy buena puntuación en el apartado de reconocimiento de derechos y ordenación del sistema, que es calificado por la asociación como "excelente".

Sin embargo, las prestaciones se quedan en "derechos de papel" porque, pese a esta buena ordenación de los servicios, su relevancia económica es "débil" y la cobertura es "reducida".

"EXCELENCIA" EN RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
En primer lugar, el informe recalca que Galicia "mantiene la excelencia" en reconocimiento de derechos (D) con su nueva planificación estratégica y la integración de la dependencia en el sistema de servicios sociales. Además, tiene "definida e implantada" la historia social única, pero la asociación no le puntúa ni por ética ni por investigación.

En el apartado de relevancia económica (E), el documento destaca que la inversión pública --por parte de Xunta, diputaciones y ayuntamientos-- se incrementó un 5% de 2021 a 2022, hasta los 465,1 euros por habitante. No obstante, Galicia sigue por debajo de la media de todas las comunidades, que fue de 512 euros.

Asimimo, si se calcula la inversión con respecto al PIB, se situó en 2022 en el 1,79%, nueve centésimas menos que el año anterior y vuelve a estar por debajo de la media estatal (1,81%). En cuanto al peso del gasto en servicios sociales sobre el presupuesto total de las administraciones, subió tres décimas hasta el 9,55%, pero también es inferior a la media (10,24%).

También apunta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que, en Galicia, el peso de la financiación local sobre el gasto de estos servicios es inferior a la media de España: el 21,7% frente al 27,3%. En consecuencia, la Xunta (78,3%) aporta más que la media de las autonomías (72,7%).

POR DEBAJO DE LA MEDIA EN COBERTURA
Finalmente, en el apartado de cobertura efectiva (C), Galicia destaca por encima del promedio estatal en atención a la dependencia (6,4 puntos frente a 5,1), centros de día para mayores de 70 años (con una cobertura de 1,12% frente al 0,96%) y en acogimientos familiares para menores (57,84% frente al 52,15%).

Sin embargo, en el resto de servicios, la Comunidad gallega está por debajo con un profesional por cada 2.022 habitantes (la media es de uno por cada 1.764) y con un 4,4% de cobertura de la población en el umbral de pobreza que perciben rentas de inserción (un 7,99% en toda España).

Del mismo modo, en Galicia el servicio de ayuda a domicilio para mayores de 70 llega al 5,75%, frente al 7,57% estatal; la teleasistencia para mayores de 75 llega al 4,5% frente al 14% estatal.

En residencias, la cobertura en Galicia para mayores de 70 años se sitúa en el 3,21% frente al 3,91% de la media española; y para personas con discapacidad está en el 1,46% frente al 1,73% de la media.

También es menor el porcentaje de plazas de acogida a mujeres víctimas de violencia de género con medidas de protección (6,47% frente al 14,25%) y en alojamiento a personas sin hogar (40,1 plazas por cada 100.000 frente a las 58,5 estatales).

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