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El Gobierno destina 13,5 millones a Galicia para la protección de familias y lucha contra la pobreza infantil

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha autorizado la distribución de 13.586.340 euros a Galicia para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil.

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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha autorizado la distribución de 13.586.340 euros a Galicia para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil.

En concreto, se trata del acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre comunidades autónomas del crédito para la financiación en 2024 del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil.

Conforme ha explicado el Ejecutivo estatal, se trata de una línea de crédito que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

Este año, tras la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000 €) y será distribuido y transferido a las Comunidades Autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra) y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para que puedan ejecutarlo en virtud de sus competencias en servicios sociales.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha acordado con los gobiernos autonómicos el reparto de estos casi 200 millones de euros, y ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años sucesivos.

"Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito", ha dicho Pablo Bustinduy. El ministro también ha puesto en valor que esta cifra que se ha prorrogado es la más alta que se ha dado en esta área, aunque ha asegurado que es necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria "para hacer frente a los retos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas".

El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros fue previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.

PROGRAMAS GESTIONADOS POR LOS GOBIERNOS AUTONÓMICOS
El ministerio ha destacado que de este crédito dependen tres programas fundamentales para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos.

El primero de ellos está dotado con más de 108 millones de euros, de los que a Galicia le corresponden 7.156.055 euros, y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.

El segundo cuenta con una financiación de 65 millones de euros, de ellos 4.869.285 euros para Galicia. Se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social. El programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares. De esta manera, se reforzarán iniciativas desarrolladas por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Por último, el tercer programa, dotado con 25 millones, de los que 1.561.000 euros son para Galicia, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Se trata de cofinanciar proyectos de refuerzo de servicios sociales que permitan la prevención y detección precoz de posibles riesgos de violencia hacia la infancia, en coherencia con lo previsto en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia aprobada en 2021.

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