La CIG tacha de "fraude" la supuesta intervención en Ambulancias do Atlántico, que la Xunta da por finalizada

El Diario Oficial de Galicia daba ayer carpetazo a un tema de gran calado que ha traído de cabeza a la Xunta y a todo el área sanitaria de Vigo desde la primavera pasada, cuando comenzó el descalabro paulatino en la empresa Ambulancias do Atlántico, concesionaria del servicio urgente del 061 en Vigo, Moaña y Cangas y del servicio no urgente en el área sanitaria olívica. Los desmanes del empresario Carlos Simón, al frente de la firma, provocaron escenas tan rocambolescas como que las ambulancias se quedasen al borde de no poder repostar por los impagos que acarreó la compañía, que llegó a recibir a matones en sus instalaciones por las deudas de la dirección con, entre otros muchos, los trabajadores. Estos fueron solo algunos de los episodios que se sucedieron a lo largo de los meses y que llevaron a la Xunta a retirar el contrato y licitarlo de nuevo. Ayer pusieron fin a una intervención que los sindicatos, recuerdan, no fue tal. 

"UN PARIPÉ"

Y es que tal y como manifiestan fuentes de la CIG consultadas por este diario, el contrato con Tragsa, empresa pública encargada, presumiblemente, de intervenir a Ambulancias do Atlántico, "resultó ser un auténtico fraude". "No sirvió para nada más que para recoger quejas de los trabajadores y transmitirlas a la Consellería, provocando que el personal desistiera de emplear los servicios administrativos de Tragsa por ineficaces", relatan desde el sindicato, que tacha de "paripé" el movimiento de la Xunta, que trató de "parecer que estaba interviniendo" pero "tan solo sirvió para desviar dinero público a esta entidad". 

"En ningún caso se cumplió con el acordado en lo referente a entregar una herramienta para el complejo cálculo de las deudas que Ambulancias del Atlántico tiene con su personal y, por supuesto, no sirvió para que la Xunta destinara el dinero del aval retenido para abonar a los trabajadores", censuran. 

En ese sentido, la CIG lamenta que el personal sanitario envuelto en esta polémica solo vio como única salida la vía judicial para cobrar lo adeudado, pese a que este proceso, destacan, puede llegar a ser "lento e ineficaz", toda vez que Simón se declara insolvente "pese a ser administrador único de varias empresas" y estar embarcado en muchos otros proyectos, como destapó en su día Galiciapress en un repaso al recorrido de este empresario. 

"En el mejor de los casos, se acabará cobrando una parte de la deuda del Fondo de Garantía Salarial después de varios años", anticipan desde el sindicato nacionalista, al tiempo que razona que esto no hace más de probar que desde el Partido Popular mantienen "su política de privatización del transporte sanitario urgente y programado, contratando empresas para que gestionen el servicio sin, ni tan siquiera, establecer medidas para que el servicio de ambulancias no vuelva a ser comprado con posterioridad a su adjudicación por un empresario insolvente e irresponsable".

LA FUGA DE SIMÓN

Tras todo lo vivido, desde la CIG subrayan que si los contratos fueron retirados en su día a Ambulancias do Atlántico fue gracias "a la movilización de la clase trabajadora", aunque la permisividad de la Xunta dio vía libre a Simón para "desaparecer de Galicia dejando unas deudas que no abonará jamás". 

"El Partido Popular al frente de la Consellería de Sanidad repite el modelo privatizador de un servicio público esencial sin hacer cambio alguno sobre el anterior y el personal trabajador tendrá que esperar varios años para poder cobrar parte de las deudas por su trabajo", concluye.