Altri y Corcoesto: políticos escondiéndose tras los técnicos

Altri depende del criterio de Rueda  y no de que a un técnico le parezca asumible que la temperatura del Ulla se incremente medio grado. Otra cosa es que Rueda sea más prudente y menos ambicioso que Feijóo con Corcoesto.

No se dejen engañar cuando el Gobierno de la Xunta y/o el Gobierno de España se escuden en los técnicos para justificar su veredicto sobre la celulosa de Altri en Palas de Rei. Las decisiones sobre el proyecto Gama serán políticas. Tanto la de la Xunta para concederle, o no, el permiso ambiental como la del Estado para concederle, o no, las subvenciones que la propia empresa reconoce son imprescindibles para hacerla viable.
 

Altri es una compañía seria. No va a gastarse una millonada y jugarse su reputación apostando por un proyecto que sabe que incumple de plano la ley. Lo presentado es susceptible de ser aprobado por la Xunta del PP y es susceptible de recibir los fondos europeos que controla Moncloa, en manos del PSOE y Sumar.  
 

Sucede que, como en tantos ámbitos de la vida, en la evaluación ambiental de un plan de este tamaño no todo es blanco o negro. Hay grises y renglones torcidos. Las oportunidades para corregir esos renglones torcidos las modula el político, no el técnico.
 

Por ejemplo, si un informe sobre la pastera remitido a la Xunta no convence al funcionario que debe firmar el visto bueno, su superior, político, puede hacer dos cosas.
 

Primera, zanjar el asunto con un informe negativo, lo que en el caso de tratarse un informe vinculante implicaría el carpetazo global al plan. Segunda y mucho más habitual, solicitar al técnico que reclame más datos a la empresa. La industria puede entonces modificar el proyecto o aportar más datos a ver si así le dan luz verde. Solo si las modificaciones son sustanciales -lo que es algo subjetivo- es necesario empezar el proceso de cero, exposición pública incluída.  

La Xunta ha optado por la segunda opción. Es decir, no emitir un informe negativo sino concederle a la celulosa la posibilidad de aclarar y/o modificar su propuesta. En el fondo, esto es una decisión política, no técnica. 

Nos hemos enterado de esta segunda oportunidad por torpeza política. El presidente se columpió cuando dijo públicamente que el veredicto llegaría antes de fin de año. Estamos a finales de enero y es evidente que algo no convenció a los técnicos de San Caetano. Los críticos alegan, incluso, que hubo presiones a funcionarios.

Les pongo otro ejemplo de cómo este tipo de decisiones dependen de los políticos. Asistí a una rueda de prensa de Alberto Nuñez Feijóo en la que presentó a los gallegos la mina de Corcoesto.  El entonces presidente tomó la decisión política de promocionarla -y presumir de los puestos de trabajo que generaría- incluso antes de que los expertos de la Xunta iniciasen el examen ambiental.

Los canadienses de Edgewater ya se frotaban las manos cuando, según relató su CEO, los citaron en Madrid para reunirse con un gallego, director de un periódico estatal , que les transmitió el deseo del PP de que cediesen parte del negocio a un empresario de la casa. De acuerdo a esta versión, la minera se negó y el ok en San Caetano la declaración de impacto ambiental fue finalmente negativa.

¿Cumplía la mina los criterios de los técnicos cuando Feijóo la presentó en rueda de prensa y pasó a incumplirlos posteriormente?  Sería extraño, porque la propuesta de Edgewater fue siempre la misma. 

Simplemente, por algún motivo, alguien tomó la decisión política de no permitir una mina de oro en Corcoesto. La empresa alegó en sede judicial que fue porque le exigieron una mordida a su negocio. Fue una acusación muy grave que indignó a la Xunta y Edgewater no logró probar, por cierto. Así que el motivo pudo haber sido la presunta mordida u otros.  En todo caso, la minera intentó lograr el amparo de la Justicia, que nos le hizo caso tras una larga batalla legal, incluso a nivel internacional.

La Xunta no tiene ninguna obligación legal de concederle a Altri una segunda oportunidad. Se la ha concedido al menos en parte porque la posición política del Partido Popular de Galicia es un claro sí a Altri. Razones no le faltan.

Con Altri pasa lo mismo. La Xunta no tiene ninguna obligación legal de concederle una segunda oportunidad. Se la ha concedido al menos en parte porque la posición política del Partido Popular de Galicia es un claro sí a Altri. Razones no le faltan, si Gama no cuaja porque finalmente Moncloa no da subvenciones, los conservadores podrán presentar al PSOE como saboteadores del desarrollo de Galicia. 

Ahora bien, el previsible sí de la Xunta a Altri es plenamente legal y legítimo. Los gallegos han elegido al Gobierno de Alfonso Rueda precisamente para que tome decisiones de este calado. Altri depende de su criterio y no de que a un técnico le parezca asumible o no que la temperatura del Ulla se incremente medio grado o un cuarto de grado. 

Otra cosa es que Rueda sea más prudente y menos ambicioso que Feijóo y se esconda detrás de los técnicos por si las moscas; pero es el político el que puede, debe tomar y -no dejen que los engañen- toma siempre la decisión final.