Ocho años de prisión para ocho acusados por distribuir droga en un taxi
Los acusados distribuían estupefacientes en un domicilio en O Vao (Poio)
La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará a partir de este lunes a las 10:15 horas a ocho acusados de un delito contra la salud pública y otro de integración a grupo criminal por distribuir estupefacientes en taxi y en un domicilio situado en Poio. La fiscalía a pedido ocho años de prisión para cada uno.
Según ha señalado el escrito del Ministerio Fiscal, tres de los acusados desarrollaban una actividad sostenida de distribución de estupefacientes en un domicilio en O Vao. Allí, continúa el escrito, recibían a consumidores finales de las sustancias con las que comercializaban que, en ocasiones, consumían en un habitáculo especialmente acondicionado por los investigados para ello.
Otro de los implicados, según indica la Fiscalía, desarrollaba "un rol esencial" en la actividad de distribución, ya que era quien garantizaba el suministro al trasladar a otros de los acusados sustancias ilícitas con su taxi. Otras dos personas se desplazaban junto al taxista pretendiéndose como clientes en viajes en los que, realmente, no operaba, sino que eran transportistas directos de los estupefacientes.
Otros dos investigados son los proveedores de las sustancias que los anteriores adquirían para su distribución ilícita en el mercado.
Entre los meses de diciembre del año 2018 y diciembre del año 2019 se identificó a varias personas que portaban sustancias a la salida del domicilio investigado.
El día 17 de julio de 2019 el taxi fue interceptado y se incautaron en él dos paquetes de plásticos transparentes envasados al vacío. Estos resultaron ser un paquete con 50,1 gramos de cocaína con una pureza del 83,26% y, en el otro paquete, 50,2 gramos de la misma sustancia, con una pureza del 81,44%, con un valor total en el mercado de casi 11.000 euros.
Por estos hechos, la Fiscalía ha pedido seis años de prisión para los ocho acusados por un delito contra la salud pública, además de una multa de 30.000 euros. Solicitan, además, dos años de prisión por un delito de integración en grupo criminal. En total, resultarían ocho años de prisión para sendos acusados.
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