La reducción de la jornada: se necesita un amplio consenso político

El Gobierno formado por PSOE y Sumar finalmente aprobó ayer en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. No ha sido fácil que la coalición gubernamental haya llegado a un acuerdo interno para dar el primer paso y cumplir la que fue una de las promesas estrella de la legislatura, dentro de un programa marcadamente progresista. Recordemos que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), puso el grito en el cielo el pasado diciembre por lo que ella interpretaba como dilaciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo (PSOE). Ayer ambos comparecieron junto a la portavoz del Gobierno para escenificar que las fisuras están superadas. Enhorabuena. Las formas importan.

Y aún importarán más a partir de ahora, cuando empiece el trámite parlamentario. Porque, tal como ha quedado claro con el paquete de medidas sociales que el Ejecutivo incluyó en la denominada ley ómnibus, no será fácil obtener los apoyos necesarios. Basta recordar que este anteproyecto nace sin el respaldo de las patronales, que contarán con sus representantes políticos en esta tramitación.

Desde el Sindicato de Trabajadores pensamos que este reto, la reducción de la jornada laboral, debería trascender los viejos esquemas de la política. El paso de la cultura del presentismo a la de la productividad, que implica la reducción de la jornada, debe superar el espectro político del que proviene —la izquierda— e incorporar también a todos los partidos del arco parlamentario, incluidas las fuerzas consideradas más liberales o conservadoras. Con la reducción de la jornada laboral, España decide en qué liga quiere jugar en lo que respecta a los niveles de desarrollo. Basta con echar un vistazo a los países más avanzados que nos rodean para constatar que los más adelantados, tanto a nivel económico como social, llevan años moviéndose en estándares incluso inferiores a las 37,5 horas.

Por eso pedimos un consenso político sólido para la reducción de la jornada, una especie de pacto de Estado. Solo así se podrán activar las políticas complementarias a este avance social. Nos referimos a la implementación de medidas reales que favorezcan la productividad y la generación de valor pese a la disminución del tiempo de trabajo. Este es el argumento que debería convencer a la patronal, en particular al sector de las pymes, que son las que se han mostrado más reticentes a la reducción de la jornada. Y también debe ser un objetivo, hay que decirlo sin complejos, de las fuerzas sindicales. En el STR somos conscientes de la magnitud del avance social que tenemos ante nosotros y pondremos toda la carne en el asador.

Lo anterior no significa que no vayamos a velar celosamente, eso sí, por proteger la letra pequeña del anteproyecto de ley durante estas negociaciones, en las que es previsible que se deban hacer algunas concesiones a los sectores empresariales. Pero ya advertimos que esto no trata de recortar sueldos ni de incrementar la disponibilidad a través de la vía digital. Si esa es la vía del acuerdo, significará que no hemos entendido nada. Esto va de mejorar, por un lado, la conciliación y, por otro, la productividad para garantizar que nuestras empresas no pierdan competitividad con las 37,5 horas semanales. En definitiva, se trata de desarrollo. Y eso, en un país normal, debería merecer un amplísimo consenso político.