Elecciones municipales y partitocracia

Cuando apenas faltan dos meses para que se celebren las elecciones municipales (28 de mayo) ya se empieza a vislumbrar el enfoque que cada partido político le quiere dar a su campaña electoral. Un enfoque mayoritario en clave elecciones generales que pone en evidencia cómo los intereses partidistas priman sobre los programáticos y políticos que deberían derivar de unas elecciones tan importantes. Un enfoque al que colaboran la mayoría de los medios de opinión e información más interesados en la batalla partidista que en los problemas de los ayuntamientos y las posibles alternativas de las candidaturas. Siendo justos, hay que señalar que el BNG, por medio de su portavoz, la señora Ana Pontón, es quien más intenta darle a sus discursos una clave municipal. Son las miserias de la partitocracia que inunda toda la vida política.

Está fuera de discusión que los ayuntamientos gallegos aún siguen escondiendo una serie de déficits que tanto le impiden, por caso, realizar con eficacia sus funciones y deberes como contribuir a consolidar la democracia y el bienestar social en este país. Un papel destacado que los ayuntamientos sí desempeñan, por caso, en estados europeos con democracias consolidadas en lo que actúan en materias tan relevantes como urbanismo y vivienda, transporte, medio ambiente, bienestar y empleo... 

Actuaciones que les resultan posibles porque disfrutan de una importante soberanía que se apoya en un relevante peso de las haciendas locales en el total del gasto público estatal, siendo paradigmático el "modelo escandinavo" donde, por caso, se combinan los ingresos tributarios con unas transferencias de carácter nivelador. Una realidad que les otorga varias ventajas: una mayor autonomía e independencia políticas junto a un mayor y mejor desarollo de las funciones de bienestar social y empleo. Una opción necesaria para España, y Galicia, pero que, como estamos comprobando, queda fuera del debate político: todos parecen optar por mantener el modelo actual de financiación de los ayuntamientos -con un gran peso de las transferencias- que favorece el clientelismo y la irresponsabilidad en el gasto. Una reforma que, para que en Galicia sea eficaz, precisaría de acompañarse de una modificación de la actual planta municipal para superar las limitaciones del actual minifundismo territorial y fiscal.  

También está quedando fuera del debate el estratégico papel que los ayuntamientos deberían desempeñar en la defensa y conservación del entorno natural y físico que les es consubstancial y cuya protección es vital para frenar la crisis ecológica que soportamos. Una defensa que incluya políticas de urbanismo, vivienda, transporte y residuos que  pongan límites al actual modelo productivista que agota los recursos naturales, deteriora el medioambiente y aporta pocas mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Por caso, Galicia no puede volver a caer en la locura inmobiliaria ni de obras públicas de hace unas décadas que llegaron al paroxismo sin por ello resolver el problema de la vivienda pero sí provocando graves problemas ecológicos por el consumo de materiales, los movimientos de tierra y la generación de residuos que exigen esas actividades. Graves problemas ecológicos a los que hubo que añadir los derivados de un modelo constructivo y urbanístico que, con honrosas excepciones, tuvo un impacto brutal en el territorio gallego -tanto en la costa como en el interior-: el llamado, con razón, "feísmo".

Finalmente, los ayuntamientos gallegos deben ser proactivos en la creación de país. Algo que requiere, por caso, defender y promover con firmeza la lengua y la cultura gallegas.