Externalización y recortes detrás de la inseguridad entre los educadores sociales

El informe Estudo diagnóstico sobre a situación da profesión da Educación Social en Galicia del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (CEESG), hay 956 personas colegiadas en Galicia, de las cuales 888 están en activo. Este dato se obtiene restando las 68 personas desempleadas del total de colegiados. Es importante destacar que esta cifra representa solo a los profesionales colegiados, por lo que el número total de educadores sociales en activo en Galicia podría ser mayor. El informe también señala que la profesión está altamente feminizada, con un 91.3% de mujeres entre los participantes del estudio. Sin embargo, el número total de titulados y tituladas es de alrededor de 6.000 en toda la comunidad.

¿QUÉ ES UN EDUCADOR SOCIAL?

Son profesionales formados para llevar adelante medidas socioeducativas mediante el acompañamiento a personas (incluidos menores) con vulnerabilidades en procesos de reeducación o cambio. En Galicia, según explica Sonia González, presidenta del CEESG, los educadores sociales abordan sobre todo los campos de menores y familias. A los menores se les acompaña del sistema de protección, a menores y familias través de los Servicios Sociales comunitarios a través de ayuntamientos y trabajan en centros para la reeducación o cambio con menores a los que se les ha aplicado medidas judiciales. 

Los organismos públicos pueden hacerse cargo de estas tareas o sino entidades privadas pueden firmar convenios con la administración pública (autonómica o local). En cualquier caso, los casos que se atienden son de una diversidad muy amplia. Así, en menores se distinguen dos grupos: menores en sistema de protección, asociados a vulnerabilidad extrema y menores en sistema de reeducación donde están bajo alguna medida como mediación, medio abierto, tareas socioeducativas o internamiento (estos menores están bajo una medida judicial y necesitan seguimiento exhaustivo).

“En relación a esto, debemos distinguir entre un centro de protección y un centro de reeducación”. Los menores en centros de protección necesitan la cobertura del Estado por cuestiones relacionadas con el ámbito familiar. Los centros de reeducación por su parte, acogen a los menores que han sido juzgados y se les aplica medidas de reeducación en internamiento. Esto con los menores a partir de los 14 años. Los menores ininputables (de 13 años hacia atrás) la Ley 5/2000 de Responsabilidad Penal del Menor, prevé el traslado a servicios de protección a menores para valorar la situación personal del joven. 

SITUACIÓN LABORAL DE LOS EDUCADORES SOCIALES

El contexto laboral-legal de los educadores sociales es “complejo”. Existe el V Convenio Laboral de Reforma Juvenil y Protección de Menores de 2024, pero por otro lado están los convenios que tenga cada entidad que asuma las tareas de reeducación. Si el centro de reeducación está bajo dirección pública existe una mayor seguridad laboral, los puestos son proclives a la estabilización, los servicios suelen reforzarse y se garantizan los derechos laborales, apunta González. 

Sin embargo, para estos profesionales la externalización mediante convenios entre Administración Pública y entidades sociales, lleva a la inestabilidad en el puesto de trabajo, los recursos disminuyen al reducirse los costes así como puede reducirse el cuadro de personal. Y esto a pesar de que la administración pública debe supervisar todos los centros aunque estén externalizados la responsabilidad pública se mantiene sobre ellos. 

Cabe señalar que, en cuanto a los menores no acompañados, en muchas ocasiones el trabajo se multiplica al no ser conocedores del idioma, al venir de situaciones sociales y políticas muy diferentes en sus lugares de origen. Se necesita una labor de intermediación cultural con estos menores. 

¿Y la seguridad? Sobre este punto también se cierne la externalización de servicios, pues las entidades que toman los servicios en los centros suelen medir gastos, y seguridad es uno de ellos. No es raro que un o una educadora quede sola en un centro en su turno, a veces con menores que necesitan especial atención. “Es necesario revisar todos los recursos de reeducación y que se tomen medidas” para que no se vaya con miedo a trabajar.