El asesinato en Badajoz lleva a trabajadores sociales de Vigo a alertar de los riesgos de las privatizaciones

En un comunicado, la sección sindical de la CUT del Concello de Vigo condenó enérgicamente el asesinato de la educadora en Badajoz y transmitió sus condolencias a familiares y compañeras. Resaltaron que este trágico suceso evidencia la desprotección que sienten las trabajadoras del ámbito social, un sector predominantemente feminizado, debido a la carencia de medios técnicos y económicos. Esta insuficiencia de recursos no solo afecta a las profesionales, sino también a la población atendida, comprometiendo la calidad del servicio y el objetivo de una sociedad más justa.

El comunicado del CUT también señala como un factor clave la tendencia a la privatización de los servicios sociales, que, según denuncian, ha debilitado el sistema público en beneficio de empresas privadas.  Las contratistas, dicen, priorizan el lucro económico por encima de la calidad del servicio y las condiciones laborales de los trabajadores. El sindicato responsabiliza directamente a las administraciones públicas de permitir esta situación, lo que agrava la vulnerabilidad del sector y pone en riesgo tanto a los profesionales como a los usuarios de estos servicios.

Reivindicaciones por mayor seguridad y recursos

Los trabajadores sociales de Vigo han manifestado su intención de seguir reclamando más personal, mayor seguridad en el trabajo y la mejora del sistema público de servicios sociales. Subrayan la importancia de mantener la gestión pública de estos servicios, alertando sobre el desmantelamiento progresivo en favor de soluciones privatizadas que buscan el beneficio económico en detrimento de la calidad y las condiciones laborales.

Además, enfatizan que ninguna persona debería sentir miedo en el ejercicio de su profesión. Por ello, continuarán luchando para que las administraciones públicas garanticen condiciones dignas y recursos suficientes para las profesionales, asegurando así servicios públicos de calidad.

El asesinato de Belén Cortés ocurrió en un piso tutelado para menores infractores en Badajoz. Tres jóvenes de 14, 15 y 17 años fueron detenidos como presuntos responsables. Este trágico incidente ha generado un profundo debate sobre la seguridad de los profesionales en centros de menores y la necesidad de revisar las medidas de protección existentes. En otras regiones, como Navarra, educadoras sociales han denunciado la insuficiencia de recursos y personal, enfrentándose a situaciones de alto riesgo en su labor diaria. 

La conmoción por este suceso ha llevado a diversas organizaciones y sindicatos a exigir una revisión de las políticas actuales, buscando garantizar la seguridad y el bienestar de los profesionales que trabajan en entornos vulnerables.  

La combinación de privatización y escasez de recursos no solo amenaza la seguridad de los profesionales, sino que también compromete la atención a los grupos más vulnerables de la sociedad. Las administraciones públicas, según coinciden las voces del sector, deben actuar de inmediato para garantizar condiciones dignas y seguras que permitan a los trabajadores sociales cumplir con su esencial labor.