"Prefiero que me dé un chungo a acabar en una residencia como en la que trabajo", dicen trabajadores de DomusVi Ribadumia

Esta semana Pontevedra se convirtió en el punto de partida de una serie de movilizaciones que tiene a los trabajadores de los geriátricos como protagonistas. Después de enfrentarse a una pandemia y los tijeretazos que las empresas del sector han metido a las residencias de la tercera edad, ahora el colectivo, alentado por la CIG, demanda unas mejoras inmediatas en sus condiciones laborales. Todo para que los mayores puedan estar mejor atendidos en un negocio que cada vez prima más los resultados económicos por encima de la calidad del servicio.

“CADA VEZ SERÁ MÁS DIFÍCIL CONTRATAR”

El último convenio firmado data de 2020 y desde entonces las estimaciones apuntan a una bajada del 7,8% en el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de un sector preeminentemente feminizado. El gran problema ya no es tanto el salario, sino la atención que se dispensa a los ancianos, para los que faltan brazos en la mayor parte de las ocasiones. 

Un ejemplo lo encontramos en el DomusVi Ribadumia, uno de esos geriátricos donde las esforzadas trabajadoras, alguna con casi dos décadas de experiencia, intentan llegar a todos los rincones posibles, pero no hay ni medios humanos ni técnicos para poder brindar a los usuarios la atención que merecen. “La situación cada día es peor. El cuidado que reciben nuestros residentes es infrahumano, lo peor. Levantamos al primer residente a las 8 de la mañana y no recibe ningún alimento hasta las 10 horas”, ejemplifica, una situación que se da por la “continua falta de personal” en un centro privado con 152 plazas donde “la mayoría son dependientes a los que hay que dar de comer”. 

“A las gerocultoras nos tocan una decena de usuarios por cabeza para tener listas en dos horas. Mientras, la dirección está metiendo presión para que lo hagamos más rápido, y no nos alcanza. DomusVi no lo pone fácil”, lamenta una de las trabajadoras. Se trata de una profesión exigente, que requiere de un gran esfuerzo tanto mental, por la fortaleza psicológica que requiere para según qué situaciones, como físico para poder mover a algunos ancianos, algunos, con nula movilidad. “Pero cuando vas a la mutua te dicen que los dolores son por la bolsa del supermercado, no por levantar a una persona de 80 kilos”, abronca una de las profesionales.

Más difícil resulta incluso para las trabajadoras sin experiencia que entran directamente de cursos que promociona la firma de geriátricos, personal que “no asume esa responsabilidad”. “Cada vez va a ser más difícil contratar personal; no están dispuestos a aguantar lo que llevamos aguantando desde hace 20 o 30 años. Parece que estamos con las monjas, y no es así”, critica el personal del centro ourensano. 

Tampoco la dirección parece remar a favor en esta búsqueda de personal. “La directora le ha dicho a compañeras que se han quejado que en el SERGAS están buscando gente”, reprende una trabajadora, miembro del comité de empresa. “No llegamos a los 17.000 euros anuales en muchos casos. El salario tampoco motiva para que entre gente nueva, porque este año, sin convenio, nos subieron un 3% y la patronal nos ofrece una miseria. Todo es cada vez más precario. Nos pagan nueve euros a mayores por trabajar un domingo”, afirman. 
 

ÚLCERAS, INTOXICACIONES, MUERTES SIN EXPLICACIÓN…

La falta de medios humanos deriva en situaciones extremas que ponen en riesgo la salud de los propios residentes, que solo tienen médico “de lunes a viernes” y con “solo una enfermera por turno, alguna sin titulación”. En ocasiones, esta falta de cuidado precipita el deterioro de los usuarios, algo que han visto los trabajadores. “Hace poco llegó una residente con una edad avanzada que necesitaba unos cuidados que no podían darle en casa. Esa señora terminó con una úlcera en un tobillo del tamaño de mi mano de la que salían gusanos”, expone el personal, recordando que en esa ocasión “en el Hospital do Salnés se echaron las manos a la cabeza”. 

No obstante, al centro hospitalario acuden residentes “con deshidratación, intoxicaciones…pero no abren partes de faltas”. Por otra banda, el personal es consciente de la “sobremedicación” a la que están sometiendo a los propios ancianos con tratamientos “que nos obligan a darles cuando no estamos capacitados para ello porque no somos enfermeros” y espaciando las tomas muy poco tiempo, “en ocasiones entre dos y tres horas”, cuando en ocasiones “pueden pasar hasta 17 horas sin tomar ningún tipo de ingesta. 
 

“Sabemos de muchas historias de caídas, de muertes sin explicación…y no pasa nada. Tenemos denuncias y no hay manera”, se duele una trabajadora, al tiempo que increpa “a la señora inspectora, que viene por el centro y lo único que hace es amiguismo con la señora directora, de risas con ella sin sancionar nada”. Por el contrario, los trabajadores denuncian que aquellos profesionales que denuncia a la dirección son “premiados trabajando nueve días juntos, sin permitirnos rotar y colocándonos en sitios donde podemos ver menos cosas”. 

“Pero los jueces, como estamos en un conflicto colectivo, dicen que no pueden hacer nada, cuando a alguna nos han llegado a agarrar por los brazos o a seguir por los pasillos en nuestro tiempo de descanso”, dice con aflicción una trabajadora.

“MEJOR UN HOTEL DE CINCO ESTRELLAS”

En la misma línea, una de las trabajadoras censura el sistema actual, con plazas que cuestan “entre 3.000 y 4.000 euros al mes”, un dinero con el que “están alimentando a fondos buitre” y en el que no entran extras como “un servicio de podología, tratamientos como cremas protectoras de pañal, todo eso va aparte. “A 150 euros por día puedes meter a tu abuelo o tu padre en un hotel de cinco estrellas que estará mucho mejor”. 

Con ese dinero, lo lógico sería pensar que las atenciones fuesen mucho mejores de las que refieren los trabajadores, que en el menú, por ejemplo, hablan de que “ni las carnes ni los pescados son de buena calidad, aunque el personal de cocina hace lo que puede”. Tampoco el dinero de la Xunta se destina para, por ejemplo, llenar los armarios de los usuarios. “Cuando muere un anciano se aprovecha su ropa. Son unos miserables”, declaran. 

En cambio, las cuentas de DomusVi reflejaron ganancias millonarias, con cerca de 800 millones en el último ejercicio. En la cúpula de la firma también se registraron cambios recientemente, entre ellos la destacada salida de su fundadora, Josefina Fernández. El adiós de la empresaria tampoco repercutió en el día a día de la plantilla, que no vio que mejorasen sus condiciones laborales.

Así las cosas, la gran pregunta es: ¿un trabajador de DomusVi metería a su familiar en uno de estos centros? “¡No!”, responde de manera contundente una de las gerocultoras. “En unos años vamos a ser nosotros los que nos encontremos en esas mismas sillas de ruedas, pero prefiero que me dé un chungo antes de acabar en un DomusVi”. 

“No puede ser que muera un residente y se llame a la familia para informarla doce horas después”, regañan. Al tiempo, también lanzan un mensaje a algunos familiares que se desentienden de los mayores. “Todos los días comprobamos que muchos familiares de lo único que se preocupan es que estén con la ropa combinada, no si han tomado el tratamiento ni qué tratamiento toman ni para qué”, reprochan, aunque sí dicen que “hay familias de las que nos podemos sentir orgullosas”. 

TODO A PEOR TRAS LA COVID

Lo más dramático de esta situación es la sensación dentro de los propios trabajadores de que “las personas importan cada vez menos”. “A mí las personas me importan. No concibo que alguien pueda pasarse dos horas sentada en una silla mirando para la puerta de un ascensor o mirando a una taza que no puede ni coger”, alegan. No hace tanto estos mismos trabajadores eran considerados héroes durante la crisis de la Covid, donde recuerdan como “nos dejamos la piel, algunos la vida peleando contra algo que ni sabíamos lo que era, arriesgándonos y poniendo en peligro a nuestras familias”, pero que cuatro años después “no hemos aprendido nada”. 

La situación, lejos de mejorar para este colectivo, ha ido a peor. “Estamos peor. No hay empatía. Me da mucha pena ver todo lo que pasamos durante el coronavirus y que no haya servido. Mucha gente tendría que hacer una visita y pasar un día en la residencia para ver que no podemos hacer más mientras la dirección del centro cierra los ojos. Se están cargando a una sociedad que levantó un país”. 

Tal vez a alguno la crisis sanitaria le quede lejos, pero las imágenes que dejó la DANA en Valencia también son un fiel reflejo del panorama de geriátricos como el Ribadumia. En la residencia de Massanassa el agua llegó a cubrir a los ancianos hasta la cintura, muchos en sillas de ruedas e incapaces de moverse entre el fango. La filmación dio la vuelta al país y los trabajadores tuvieron que subir varios pisos a pulso a los ancianos para ponerlos a salvo.
 

En una circunstancia similar se vio la instalación ribadumiense hace unos años, cuando un incendio sacó a una trabajadora de la cama. “Salí escopetada de noche un domingo para ayudar a las compañeras. Dejé el coche mal aparcado en el medio de la calle para echar una mano a mis compañeras. Por fortuna aquel día no pasó nada grave, aunque algunas sufrieron intoxicación por el humo”, rememora una trabajadora que vivió aquella situación, considerando que si ocurriese algo como lo de Valencia “también subiría en brazos a los residentes a un lugar seguro”.

La plantilla pelea por mejoras que, sin embargo, piden no tanto para ellos, sino para los residentes. “Si mejoran nuestras condiciones ellos estarán mejor atendidos. Damos el 100% por los mayores, pero el equipo directivo solo está allí por el dinero. Exigimos un sueldo y un trabajo digno para todos, sin acoso laboral. Pero lo que queremos es que mejoren las condiciones de los usuarios. Pidiendo para ellos habrá mejores condiciones también para mí, porque significa que habrá más manos y más recursos”, zanjan.