Cuidadoras no profesionales piden ser reguladas y reconocidas: "Que nos cuiden para poder seguir cuidando"

Según datos de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, recogidos en 2022, en España hay en torno a 1.415.578 personas consideradas dependientes. Esto es, personas que para su día diaria requieren de una serie de necesidades por las que necesitan distintos cuidados que les prestan terceros. El número promete ir en incremento en los próximos años en un país en la que el envejecimiento de la sociedad es uno de los principales retos que deben abordar las administraciones públicas. Sin embargo, son muchas las familias que tienen que cubrir por ellas mismas las urgencias de su familiar. Ya sea un mayor o un hijo, son en ocasiones las madres, los padres u otros familiares los que tienen que atender a esta persona dependiente, sin que su labor sea reconocida con la consideración necesaria por las administraciones públicas. Ahora ese colectivo se ha unido demandando un cambio que puede cambiar la vida a miles de familias. 

Claudia Bajo es una de esas cuidadoras invisibilizadas y que forma parte de la Plataforma Estatal de Cuidadoras No Profesionales, una organización que nació recientemente del boca a boca y del contacto de madres, hijas, parejas y demás personas encargadas del cuidado de una persona dependiente. Las integrantes de esta red ya venían de otras asociaciones, como ‘Madres Sin Límites’, un colectivo para madres al cargo de hijos con alguna discapacidad, pero fue “en conversaciones de Whatsapp donde exponíamos nuestros problemas y creamos las sinergias que permitieron dar este paso”. 

“En casa nos encontramos con una sobrecarga de trabajo de cuidar a nuestros hijos, por no tener ayudas, porque los cuidados en el entorno familiar recaen sobre las mujeres…entre todas pensamos que teníamos que hacer algo”, sentía Claudia, que vio como otras esta oportunidad tras el anuncio del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que impulsa un anteproyecto de ley para reformar la actual Ley de Dependencia. 
 

“QUE SEA RECONOCIDA Y REGULADA”

En el marco de esa consulta pública las afectadas iniciaron un proceso para recoger todas las demandas del colectivo de cara a ser atendidas por las administraciones públicas y que tengan en cuenta estas solicitudes en el nuevo texto. “Empezamos tres o cuatro madres a enviarlo, porque teníamos muy poco tiempo para presentar las propuestas, y todas nos dimos cuenta de lo primero que necesitamos es apoyo de las instituciones”, recalcan desde la plataforma, que aboga porque la labor de los cuidadores no profesionales “sea reconocida y regulada como cualquier otro tipo de trabajo”.

En ese sentido hacen énfasis en el hecho de que, al no esta remuneradas, el ahorro para la administración es tremendo, mientras que los gastos en los hogares en los que vive un gran dependiente se disparan. La tesis de estos cuidadores principales, el término con el que mejor se definen dentro de este colectivo, es que el Estado y los gobiernos regionales deben “cuidarnos para que podamos seguir cuidando”. 

“Pedimos que nos regulen. Se habla mucho los cuidados, pero los cuidados siempre hacia terceras personas, el realizado por personal externo. Queremos que la administración reconozca que los grandes dependientes tienen unas necesidades que una persona externa no puede cumplir completamente, necesita muchos cuidados y atención a la que un profesional externo no puede alcanzar, pero sí el cuidador principal”, defienden. 

MUCHO MÁS QUE ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD

En una sociedad como la gallega, donde el problema de que la población está cada vez más envejecida abre la puerta a muchos retos, desde la plataforma denuncian que en el apartado de los cuidados las administraciones ponen el foco casi exclusivamente sobre la tercera edad, dejando de lado a otros muchos dependientes y a sus familias. 

“Lo encaminan hacia los mayores y olvidan un colectivo amplio, como los niños y jóvenes en situación de dependencia. Queremos que abran el abanico en esos dependientes que necesitan apoyo y en sus cuidadores, que si estamos mejor atendidos mejor podemos atender a nuestras familias”, esgrime Claudia, que recientemente participó en unas jornadas en A Coruña sobre cuidados donde “todos los conferenciantes hablaban sobre los ancianos, pero llegamos nosotras y abrimos un melón con nuestros hijos que la gente tenía como asumido, como que es nuestra obligación moral hacernos cargo de nuestros familiares dependientes”.
 

Recursos que permitan a los cuidadores principales los “respiros familiares” que tanto necesitan para recargar las pilas y que, en ocasiones, resultan inasumibles para muchas economías domésticas, tanto por la imposibilidad de costear un cuidador externo como por la falta de centros en los que poder dejarlos con buenos cuidados. 

“No queremos desmerecer el trabajo de las personas que realizan la ayuda a domicilio, pero con una hora o cinco horas no solucionan todo, no cubren todas las necesidades que nuestros hijos demandan”, afirman desde la organización, que también incide en el déficit de profesionales existente, especialmente en el sistema público, “donde externalizan los servicios”, lo que fuerza muchas veces a los afectados a tener que recurrir al sector privado, algo que ven injusto porque “los cuidados no pueden ser un negocio, tiene que ser la administración la que garantice los cuidados”.
 

Sin recursos, muchas familias tienen que recurrir a vecinos o incluso a personas en situación irregular para ayudarles con los cuidados, ya que los profesionales cualificados son inalcanzables para muchos bolsillos. “No todo el mundo tiene capacidad económica para contratar un asistente personal. Pasa incluso con las terapias, porque con lo que nos da la administración no llega a cubrir todas las necesidades”, lamenta Claudia. 
 

“TARDAN DOS AÑOS EN RESOLVER UN EXPEDIENTE”

En la misma línea, la Plataforma denuncia el punto machista que existe todavía a día de hoy en torno a los cuidados, donde casi el 92% de estos cuidadores principales, según cifras del Instituto de la Mujer, son ellas las encargadas de asumir esa tarea, “fruto de la naturalización de la feminidad y maternidad y de la concepción de la ayuda y sostén del constructo de familia”. 
 

“Muchas madres por sus circunstancias tienen que abandonar su profesión, otras siguen trabajando, se dan situaciones muy distintas y cada familia decide según su circunstancia y según su realidad. Hay que reconocer todas las posibilidades, porque algunas darían lo que fuese por contar un asistente personal, pero para otras eso no es una solución. La reforma de la Ley tiene que contemplarnos a todos e ir caso por caso”, apostilla Claudia. 

Sin embargo, ese ir “caso por caso” es un arma de doble filo, porque una denuncia habitual es la burocracia excesiva que tienen que enfrentar muchas familias para que le reconozcan a una persona el grado de dependencia, un certificado que resulta indispensable para el acceso a ayudas públicas. “Ahora tardan muchísimo más”, asume Claudia, que también percibe una “gran disparidad” entre las exigencias de una administración pública frente a otra, siendo algunas más exigentes que otras, por lo que existen distinciones “según donde vivas, lo que te abre la puerta a tener más o menos beneficios, a que las cosas se solucionen de una forma más rápida o más lenta”.

“No puede depender de donde residas para ser de primera o de segunda. Tienen que ser paritario, es necesario que las resoluciones sean inmediatas porque de ello depende la calidad de vida de nuestros hijos, pero hay expedientes que se resuelven en cuestión de dos años”, reprenden. 

Estas situaciones hacen todavía más mella en los cuidadores no profesionales. Todos los que hayan convivido con una persona dependiente saben de la exigencia física que requiere, pero especialmente psicológica y emocional, dos puntos que pasan desapercibidos y sobre los que indudablemente hay que destinar muchos más recursos. 

"Por un fin de semana de respiro familiar le pedían 700 euros. Es una barbaridad. La administración tendría que poner facilidades para ayudarnos a cuidar con dignidad"

“Hoy no existen respiros familiares y, si existen, son de entidad privadas. Hace poco una persona de la plataforma nos contó que por un fin de semana de respiro familiar le pedían 700 euros. Es una barbaridad. La administración tendría que poner facilidades para ayudarnos a cuidar con dignidad y ser cuidados también”, manifiestan, a la vez que piden actuar más sobre la salud mental de los cuidadores.
 

Aunque todavía está dando sus primeros pasos, las ambiciones de la plataforma pasan por poder acercar sus propuestas a las administraciones públicas. Estiman que una vez pasadas las elecciones europeas puedan agitar el árbol y comenzar a “presentarnos ante la clase política y solicitar las entrevistas para conocer qué va a contemplar la reforma de la ley y que incluya nuestras peticiones”.