Ecologistas alertan que la mina de Touro está en suspensión de pagos y Cobre San Rafael lo niega

El conflicto por la reapertura de la mina de Touro (O Pino) escaló este lunes tras la denuncia de insolvencia económica contra Cobre San Rafael, promotora del proyecto, lanzada por Ecoloxistas en Acción. Mientras la empresa niega las acusaciones y asegura contar con respaldo financiero, ecologistas exigen anular su declaración como Proyecto Industrial Estratéxico (PIE), otorgada en enero por la Xunta para agilizar trámites.

La Solvencia, en el Centro de la Polémica

Ecoloxistas en Acción presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Xunta, alegando que la declaración de “estratégico”-etiqueta que la Admnistración le otorgó al proyecto de reapertua- busca eludir el rechazo ambiental que el proyecto recibió de la propia Xunta hace cuatro años, ratificado por los tribunales.

Según la organización, Cobre San Rafael arrastra un “fondo de maniobra negativo” desde 2021, incumpliendo requisitos legales de solvencia. Una empresa en suspensión de pagos no puede garantizar la gestión de riesgos ambientales, afirma Isabel García, portavoz del colectivo.

La crítica apunta a que, sin un aval económico sólido, la firma podría incumplir con su obligación de pagar las restauración si quiebra. Es una artimaña para evadir responsabilidades ante posibles desastres, añade García, citando un informe del hidrólogo Steven Emerman ,que alerta sobre contaminación en ríos cercanos.

Las dudas sobre qué pasará con los terrenos si la mina llega a cerrar son especialmente relevantes en este caso. Hay que tener en cuenta que la filial de Atalaya Mining Cobre San Rafael pretende reabrir una explotación que ha dejado tras de sí un peligroso legado de filtraciones de aguas contaminadas, como prueban las sucesivas multas y expedientes abiertos por Augas de Galicia contra Explotaciones Gallegos, dueños del terreno y socios locales de la multinacional.

La polémica está marcada por los antecedentes de contaminación. Análisis recientes detectaron metales pesados en ríos cercanos a la antigua mina, cuya reapertura generaría 265 millones de toneladas de residuos. El depósito de estériles,  contaría con un dique de 81 metros de altura a 4,75 km del espacio protegido Rede Natural Sistema Fluvial Ulla-Deza. 

La respuesta de Cobre San Rafael: Garantías y experiencia

Por su parte, Cobre San Rafael defiende que la legislación gallega exige avales financieros que cubren íntegramente la restauración del entorno, independientemente de su situación económica.

En un comunicado remitido a Galiciapress, la empresa rechazó las acusaciones, tachándolas de “desinformación”.  Su argumentación es que Atalaya Mining, su matriz, asumirá la operación una vez aprobado el proyecto. La minera, cotizada en Londres y con una capitalización de 641 millones de euros, opera desde hace una década la gran mina de cobre de Riotinto (Huelva), donde mantiene un aval de 70 millones para restauración ambiental. 

El pacto firmado entre Atalaya y Explotaciones Gallegas implica que la multinacional se quedará con el 80 por ciento de la compañía en el momento en el que la Xunta conceda el permiso para reanudar la extracción de metal.

Cumplimos todas las exigencias legales, incluido el aval para rehabilitación, insistió la compañía. La normativa gallega obliga a las mineras a garantizar fondos para mitigar daños, incluso en caso de cierre. En opinión de la empresa, el comunicado de Ecoloxistas "demostra unha clara intención de desinformar”, subrayaron.

El estatus de “estratégico” permite a la Xunta acelerar permisos, pese a que el proyecto fue rechazado en 2021 por impactos ambientales. Ecologistas señalan que Galicia carece de un plan director minero que justifique priorizar la mina. En su opinión, no hay bases técnicas, solo intereses políticos.

Los ecologistas exigen transparencia. Si la empresa no es solvente, ¿quién pagará los platos rotos?, cuestiona García. Cobre San Rafael, en cambio, insiste en que Atalaya tiene “capacidad técnica y financiera” para ejecutar el proyecto, que promete crear 450 puestos directos.

Los tribunales deberán decidir ahora decidir si la declaración de “estratégico” otorgada por la Xunta vulnera la legalidad. Está por ver si la sentencia llega antes o después del veredicto de la Xunta, que se espera para este año. Mientras, el debate sobre el coste ambiental versus el beneficio económico sigue dividiendo a la comunidad en este caso y también en otro gran proyecto empresarial, el de Altri. 

¿Qué es un fondo de maniobra negativo?

En contabilidad, el fondo de maniobra (también llamado capital circulante o working capital) es un indicador financiero que refleja la capacidad de una empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo (deudas que vencen en menos de un año) con sus activos corrientes (recursos líquidos o convertibles en efectivo en el mismo plazo).

Se calcula como: Fondo de Maniobra = Activo Corriente – Pasivo Corriente.

Un fondo de maniobra negativo significa que el pasivo corriente supera al activo corriente, es decir, la empresa no tiene suficientes recursos líquidos (como efectivo, inventarios o cuentas por cobrar) para pagar sus deudas inmediatas. Esto implica:

• Riesgo de liquidez: La empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con pagos urgentes (nóminas, proveedores, préstamos) sin recurrir a financiación externa o vender activos no corrientes (como maquinaria o propiedades).
• Dependencia de financiación: Necesita créditos o inyecciones de capital para mantener operaciones, lo que aumenta su endeudamiento.
• Señal de insolvencia técnica: Aunque no equivale a una quiebra, es un indicador de desequilibrio financiero que, si persiste, puede llevar a la empresa a una suspensión de pagos (incapacidad legal para cumplir con obligaciones).

¿Por qué es relevante en proyectos como la mina de Touro?

En el caso de Cobre San Rafael, Ecoloxistas en Acción alega que un fondo de maniobra negativo (junto a un patrimonio neto negativo) cuestiona su solvencia para asumir responsabilidades a largo plazo, como la gestión ambiental o la restauración de la mina. Si la empresa quebrara, los costes de mitigar daños ecológicos podrían recaer sobre el sector público.

La empresa, sin embargo, defiende que su matriz, Atalaya Mining, garantiza la viabilidad financiera, y que la normativa exige avales para cubrir posibles riesgos, independientemente de su situación contable