Subir las pensiones y el SMI, ¿podrá aguantar el sistema?

El envejecimiento de la población española es más que un hecho, sobre todo en el mundo rural. Por otra parte, la actual inflación con subidas de precios y la recuperación del IVA en aquellos productos a los que se les había retirado ha encarecido la cesta de la compra. En paralelo a esto, el Gobierno ha revalorizado las pensiones y subido el Salario Mínimo Interprofesional (1.184 euros en catorce pagas). Sumadas estas realidades, el panorama que se nos presenta, por lo menos a medio plazo, es una interrogante mayúscula. ¿Cómo sostener la subida de las pensiones y el SMI si en número de cotizantes puede ir disminuyendo debido a la baja natalidad en el país? La solución para muchos es tirar de la inmigración, regularizar a las personas de otros países para que se avengan a formar parte del sistema tributario español. Y por otra parte, subir los salarios para hacer atractivo el mercado laboral de este país para evitar la fuga de mano de obra a otros lugares de la UE.

Pensiones en España, un desafío a futuro 

El sistema de pensiones en España se enfrenta a un reto sin precedentes debido al envejecimiento de la población y la presión sobre las finanzas públicas. Con una de las esperanzas de vida más altas del mundo, el país se encuentra ante la necesidad de garantizar la sostenibilidad de su sistema de seguridad social a largo plazo. La inseguridad laboral, los salarios bajos o la precariedad tampoco ayudan a que la “hucha de las pensiones” se vea alimentada debidamente para cubrir las necesidades de las personas en edad de jubilación y con pensiones contributivas.

Los distintos gobiernos de la democracia se han enfrentado a esta cuestión según el contexto del momento. Así, y chocando con su ideario socialdemócrata, el gobierno de Zapatero congelaba las pensiones en 2011 excluyendo las no contributivas. El PP, con Rajoy al frente, congelaba las pensiones de viudedad durante siete años. Sin embargo, durante los últimos siete años el gobierno de Pedro Sánchez ha ido construyendo un andamiaje de revalorización mediante una serie de reformas para adaptar el sistema a la nueva realidad demográfica y económica.

Algunas de estas medidas se han aplicado no sin polémica de por medio. El primer caso es el retraso progresivo de la edad de jubilación que de los 65 pasará a los 67 años. En relación a este punto nace el factor de sostenibilidad, un elemento que vendría a atenuar el efecto de una pirámide poblacional envejecida. Se calcula sobre la base reguladora de la pensión, así para obtener el 100% de la pensión se deben cotizar 37 años al sistema de Seguridad Social. El problema está en que la población joven cada vez tarda más en incorporarse al mercado laboral y, por tanto, el relevo generacional no va a ser inmediato y es posible que retrase el factor de sostenibilidad.

El nuevo índice de revalorización de las pensiones, el 2,8% en 2025, que afectara a pensiones contributivas, ordinarias y extraordinarias del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado. El sistema se estableció en base a la Ley 20/2021, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones y fue consensuada con los agentes sociales. En definitiva, los puntos marcados buscan una sostenibilidad entre las personas que cotizan y los pensionistas. En principio, se ha creado de cara al largo plazo, pero las variables económicas suelen fluctuar y no se puede dar nada por sentado.

Sobre esto último, no son pocos los analistas y expertos que consideran a las actuales reformas una vía para la reducción del poder adquisitivo de los pensionistas en el futuro. Esta pérdida se puede ver, para esos analistas, con la subida de alquileres, de bienes de consumo y el coste de la vida.
 

Salario Mínimo Interprofesional (SMI): un incremento necesario y polémico

En 2015, una década justo, el SMI estaba en 648,60 euros, hoy 1.184 euros, una subida de 535,4 euros, el 61% en seis años. No ha sido fácil el incremento, las dudas, el grito en el cielo del empresariado frente a la subida del que era el noveno SMI en la UE en 2015 y el séptimo en 2018. En 2025, y a pesar del los incrementos, España está en octavo lugar dentro de los países con salarios fijados por ley.
 

La subida del salario base ha buscado reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de aquellos trabajadores con salarios muy bajos. Esto supondría además, el incremento del consumo por parte de la mayoría social. En el lado opuesto están quienes sostienen que el impacto puede ser negativo, pues los empresarios no querrán contratar a más gente dependiendo del sector económico. El miedo radicaba en que la subida de salarios convertiría a las empresas españolas en menos competitivas.

Convertirse en el octavo país con salario fijado por ley dentro de la UE debería suponer cierto alivio para la mayoría. A pesar de ello, los y las españolas seguimos viendo alzas de precios todos los días y a este ritmo es probable que el Gobierno considere un nuevo incremento del SMI, y seguramente esta vez, sí o sí, habrá que gravar el IRPF. Como es sabido, este ha sido el último punto de fricción entre el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el de Hacienda con María Jesús Montero.
 

¿Habrá futuro?

Las pensiones y el SMI están estrechamente relacionados en el contexto de la política social y económica española. El aumento del SMI tiene un efecto directo en las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que a su vez afecta a la financiación del sistema de pensiones. Es por eso que uno de los mayores desafíos que enfrenta España es mantener un equilibrio entre las necesidades de los pensionistas actuales y futuros, y las de los trabajadores en activo. Este equilibrio es crucial para mantener la cohesión social y la solidaridad intergeneracional.

El futuro de las pensiones y el SMI en España requiere un amplio consenso social y político como indican algunos expertos. Dicho pacto debería tener en cuenta la viabilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Estas últimas deberán garantizar pensiones dignas para mantener el nivel de vida además de un equilibrio intergeneracional en cuanto a cargas fiscales y beneficios. Estas cuestiones nos llevan al terreno de la flexibilidad laboral, adaptando el mercado laboral a futuras fórmulas de trabajo (teletrabajo, discontinuidad). Por último, muchos ven necesaria la complementariedad entre sistemas públicos de pensiones con sistemas privados.
 

Las decisiones que se tomen hoy tendrán un impacto profundo en las generaciones futuras y en la cohesión social del país. Es fundamental que el debate sobre estos temas trascienda las divisiones políticas y se centre en buscar soluciones sostenibles y equitativas. Solo a través de un diálogo constructivo y un enfoque a largo plazo, España podrá enfrentar con éxito los retos demográficos y económicos que se avecinan, asegurando un futuro digno para todos sus ciudadanos, tanto para los que están en edad de trabajar como para aquellos que han culminado su vida laboral.