PSOE y Sumar quieren prohibir "los vuelos cortos", pero Galicia, sin AVE, necesita alternativas a esa propuesta

El próximo mes de diciembre se cumplirán dos años de la llegada del primer AVE a Galicia desde Madrid. Bueno, al menos eso recogen los libros, porque el AVE, que demoró su puesta en marcha durante años, sigue llegando solo a Ourense. Está pendiente la conexión con la capital y con otras ciudades gallegas para confirmar que la Alta Velocidad ha llegado, ya sí, a toda Galicia. Con pocas frecuencias y precios altos, a muchos les sale a cuenta tomar un vuelo en vez del ferrocarril. Sin embargo, los planes de PSOE y Sumar, que aspiran a revalidar el próximo Gobierno de España, podrían provocar un cambio en nuestro modo de viajar.

El acuerdo de investidura alcanzado por las dos formaciones para reeditar el Gobierno de coalición incluye un apartado en el que hablan de la prohibición de los vuelos cortos domésticos. Se trata de abordar la reducción de los vuelos cortos nacionales en rutas que posean una alternativa en tren de menos de dos horas y media. Sin embargo, Galicia hoy no cuenta con muchas alternativas y para cruzar Galicia en coche de punta a punta ya se tardan dos horas y media, por lo que es lógico pensar que apenas habría rutas afectadas.

No obstante, la noticia provocó que saltasen algunas alarmas que incendió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al afirmar hoy que "nos van a quitar los aviones; y los trenes, ya veremos, cuando sea posible". El líder del ejecutivo autonómico cargó contra la propuesta de PSOE y Sumar, aunque la ministra de Transportes, María Jesús Montero, salió hoy al paso para afirmar que, de todas formas, se trataría de "una reducción paulatina". "El ferrocarril es el transporte más sostenible y una de las mejores prácticas en transición ecológica a nivel internacional", reafirmó. 

OPOSICIÓN DE LOS INGENIEROS AERONÁUTICOS

Luchar contra la contaminación y aplicar políticas de gratuidad en los trenes son los argumentos del Gobierno en una propuesta que se ha encontrado con la oposición de varias entidades, como el Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (COIAE), que considera que la propuesta "tan sólo reduciría, en el mejor de los casos, las emisiones de CO2 de nuestro país en un 0,1%, valor que se obtiene del estudio realizado en su momento por el COIAE".

En ese sentido, consideran que los beneficios son "tan reducidos" que no compensan "el daño que se produciría a la industria del transporte aéreo en España", que tachan de "cuantiosos, especialmente por poner en riesgo el desarrollo de los aeropuertos hub de Madrid y Barcelona, al no poder garantizar de forma eficiente la alimentación de los vuelos de media y, sobre todo, de larga distancia". 

"Sin duda esta será una oportunidad de la que otros aeropuertos europeos sacarán un indudable beneficio, toda vez que la intermodalidad tren – avión está muy lejos de ser eficiente en la actualidad", razonan. En ese sentido, el COIAE alimenta la teoría de que esta medida puede beneficiar a aeropuertos como el de Oporto, al que ya acuden muchos gallegos especialmente cuando se tratan de vuelos internacionales. 

Al tiempo, el Colegio saca la calculadora para alegar que, con los precios actuales, el tren es mucho menos competitivo: "El COIAE no entiende que, cuando el viajero está demostrando que libremente se decanta por el modo de transporte que considera más barato (por ejemplo, el porcentaje del tren frente al avión en el enlace Madrid – Valencia es superior al 90%), se tenga que recurrir a prohibiciones que tienen efectos negativos no evaluados".

A renglón seguido, auguran una caída en las inversiones en nuevas tecnologías y apostillan que la mejor medida que puede adoptar el futuro Gobierno es "apoyar la producción y comercialización a precios razonables de los combustibles sostenibles de aviación". Este no es el primer debate que se abre en este sentido, ya que otros países están tratando de legislar en la misma línea que lo está haciendo España, pero la complejidad reside en la fortaleza de las infraestructuras del país, una asignatura que Galicia y otras comunidades tienen todavía pendiente.