El veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo sobre 87 zonas de pesca hermana a toda la política gallega

La defensa de la economía gallega y del sector pesquero prevalece por encima de los colores políticos. Eso es lo que se infiere de la postura adoptada por Gobierno de España, Xunta y los partidos presentes en el Parlamento de Galicia.

Los actores políticos piden representar un frente común ante la decisión adoptada hace una semana en Bruselas y que esperan revocar por la vía judicial si es preciso. 

Representa apenas el 1,16% de las zonas de pesca de la Comunidad Europea en el Atlántico Nororiental, pero la decisión de la Comisión Europea de cerrar 87 zonas pesqueras por el efecto que la pesca de fondo tiene sobre esos ecosistemas pone en jaque a la economía gallega y al sustento de muchas familias. Más de medio centenar de barcos gallegos se ven afectados por la medida que no ha caído bien ni en el Gobierno de España, ni en la Xunta, ni entre los empresarios, ni en los partidos políticos con independencia de su color. Galicia en su conjunto busca fórmulas para presionar a Bruselas y que reconsidere el decreto.

De hecho, solo España e Irlanda emitieron un voto en contra durante el proceso, que ni siquiera afecta a todos los tipos de pesca, solo a los que utilizan artes de arrastre. Desde el Gobierno central estudian las opciones para tratar de volver al anterior modelo, tal y como explicó la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, que admitió que en este momento están evaluando el punto de vista jurídico para ver si interponen un recurso. 

También el ministro Luis Planas, al frente de la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación, considera desproporcionada la medida. "Nos ha parecido una medida claramente no proporcionada por parte de la Comisión Europea, de la adopción de una de las medidas de restricción pesquera. Estamos de acuerdo con el principio general de conservación, estamos de acuerdo con que haya medidas de conservación, pero no estamos de acuerdo ni en la forma ni en el fondo de la decisión adoptada", critica, como también denuncia la posición adoptada por Europa, ante la que tomarán “las medidas oportunas”.

17 DÍAS DE MARGEN

En Pesca especifican que se trata de una evaluación “muy concreta y precisa”, que implica tanto al del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El 10 de octubre entrará en vigor la normativa, por lo que el tiempo corre en contra de España ante un inminente “conflicto entre flotas”, como ha calificado Rosa Quintana, conselleira de Mar. Por esto, el Ministerio ha reclamado que el próximo lunes la cuestión figure en el orden del día del próximo consejo de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea.

El objetivo es lograr que se actúe con la mayor “presteza” y que el informe del el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, fechado para noviembre, se emita cuanto antes para corregir determinadas zonas vetadas -algunas que, aparentemente, no se corresponden con los parámetros marcados-, ya que, insisten, la decisión de la Comisión no está apoyada en recomendaciones científicas ni tiene en cuenta el impacto socioeconómico que acarrea y que resulta un elemento capital de la Política Pesquera Común. 

La falta de diálogo en el sector es el principal punto por el que la Comisión está siendo objeto de tantas críticas. Además, consideran incongruente que, mientras Europa apuesta por cerrar zonas de pesca por la huella ecológica que significa, mientras von der Leyen impulsa la Ley Europea de Materias Primas Críticas que busca explotar todo cuanto recurso natural tenga a mano el continente, sin importar el perjuicio medioambiental que suponga el impacto de la minería en el terreno. 

UNANIMIDAD POLÍTICA

En este sentido, la decisión ha conseguido hermanar a todos los partidos del Parlamento de Galicia, que consideran que la medida debe ser revocada. La Consellería de Pesca celebra que las actuaciones se están llevando “con una voz unánime” en favor del recurso “porque hay fundamento”, si bien reconocen que “quedan muy pocos resquicios”, aunque pondrán a disposición de Bruselas toda la información y estudios que precisen para lograr el objetivo. 

Por su parte, desde el BNG piden que el Gobierno de España actúe rápido y anuncian que desde el Parlamento Europeo pondrán todos sus esfuerzos en el grupo de la ALE-Verdes para abordar esta cuestión y evitar su puesta en marcha. Mientras, reclaman una política de “frente común” entre todos los partidos para hacer fuerza en el organismo comunitario. 

"Es un problema de país porque el sector pesquero es estratégico para nuestra economía y porque me preocupa que, mientras hay cientos de puestos de trabajo en juego, los gobiernos central y gallego están tirándose la pelota entre ellos", reprocha la portavoz nacionalista, Ana Pontón, mientras que la eurodiputada Ana Miranda acusa a la Comisión de “prevaricar”, si bien lamenta que todavía no ha obtenido respuesta del comisario para la reunión solicitada hace semanas.

Una postura similar a la del PSdeG, ya que los socialistas gallegos, encabezados por el secretario xeral, Valentín González Formoso, que reclaman a Moncloa una pelea “jurídica” y “política” para evitar este perjuicio sobre la pesca de arrastre. Así, pide también a Alfonso Rueda que “que coja un avión y vaya a Bruselas a ver a la presidenta de la Comisión Europea” del PP Europeo, para que “demuestre” que defiende la pesca en Galicia. “Galicia no es nada sin sus pescadores, sin su sector pesquero”, considera.

Un sector que hoy está contra las cuerdas y que desde la Confederación Española de Pesca (Cepesca) confían en que las presiones puedan llegar a buen puerto ante una “chapuza técnica y legal” que puede cristalizar con unas “consecuencias devastadoras” para la flota. 

“Confiamos y confiamos en la responsabilidad del Gobierno para la presentación del recurso porque ejercería su legítimo derecho en tanto que Estado miembro, como pueden hacer los otros Estados afectados, Irlanda, Francia y Portugal”, reitera.