El Sergas, el organismo público que más quejas registra por "racismo lingüístico"

El servicio de atención ciudadana de A Mesa pola Normalización Lingüística, 'A Liña do Galego', ha recibido más del doble de quejas por vulneración de derechos lingüísticos en 2016 respecto al año anterior, unas 339 respecto a las 157 registradas en 2015.

La mayoría de las protestas ciudadanas trasladadas a través de este servicio se referían a toponimia deturpada (25%), discriminación o exclusión del gallego (21%), rechazo a ser atendidos en su idioma (19%) o su inexistencia en la rotulación y señalización (16%) de vías, instituciones o establecimientos.

Otras se referían a rechazos de la UNED a escritos en gallego de un alumno, negación de la atención en este idioma por servicios telefónicos de la Agencia Tributaria, compañías de seguros o de banca y otras empresas y su exclusión en la facturación o en las páginas webs de ayuntamientos, entre otras.

Más de la mitad de las quejas, el 51 por ciento, implicaban a administraciones públicas (el 42% gallega y 31 la estatal), además de empresas de servicios (26%) y entidades privadas (19%).

Asimismo, el Sergas se ha situado como administración pública con un mayor volumen de protestas ciudadanas, sobre el 30%, además de la Agencia Tributaria Española, la Xunta y Correos.

Audasa, por su parte, ha sido la empresa privada con mayor porcentaje de denuncias, seguida de Renfe, Abanca e IKEA.

"RACISMO" LINGÜÍSTICO

El presidente de la asociación, Marcos Maceira, ha presentado los datos de este informe anual sobre las comunicaciones recibidas por los ciudadanos a través del servicio de atención.

Además de estas quejas, la entidad ha registrado 24 peticiones de ayuda y consejo sobre derechos lingüísticos, modelos de contratación en lengua gallega y otro tipo de consultas. También ha recibido 68 informaciones sobre establecimientos y administraciones que garantizan una correcta atención, comunicación y servicio en este idioma.

Maceira ha achacado el incremento en este volumen de quejas a que la nueva aplicación móvil del servicio y a que el ciudadano cuenta con "más facilidades" para denunciar la situación real del idioma y el "racismo" lingüístico que sufren sus hablantes "en pleno siglo XXI".

"No se puede consentir", ha advertido, lamentando que este tipo de casos en los que, por ejemplo, se produce "chantaje" desde un servicio e atención para que el ciudadano utilice el castellano para evitar "retrasos" están "absolutamente naturalizados"

Una situación que en castellano "sería impensable", porque "sería ilegal".

ILP

Por todas estas razones, han registrado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) el pasado viernes en el Parlamento orientada a garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos en el ámbito socioeconómico, que se presentará en profundidad el próximo 18 de febrero.

"Somos personas, somos seres humanos, tenemos derecho a hablar nuestra lengua en nuestro país", ha considerado Maceira, quien ha pedido el apoyo de la ciudadanía a esta nueva iniciativa (para la que necesitan 10.000 firmas) "para revertir esta situación".