Ex-ediles de A Coruña, Santiago, Ourense, Boqueixón, O Carballiño y Marín siguen investigados en la rama Vendex de la Operación Pokemon

¿Es posible la justicia cuando hace casi una década de los presuntos delitos? La Operación Pokemon estalló en 2012 y ocho años después una de las principales ramas, la de Vendex, es dividida en 33 pleitos. Siguen imputados concejales y alcaldes sobre todo del PPdeG, pero también del PSOE y el Bloque.

Registro de las oficinas de Vendex durante la Operación Pokemon en 2012 

El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha acordado, tal y como decretó la Audiencia Provincial, que la pieza principal de la operación Pokemon, relacionada con el grupo Vendex, se divida en 33 causas, debido a que entiende que "carecen de conexión entre ellas". La pieza se separa así con la investigación a más de 80 personas, algunas de ellas con aparición en buena parte de las piezas.

Además, las 33 piezas, en las que se centran distintas investigaciones en los ayuntamientos de A Coruña, Santiago, Ourense, Boqueixón, O Carballiño y Marín, permanecen investigados media docena de exalcaldes y otros políticos de la supuesta actuación de la empresa para conseguir concesiones públicas.

POLÍTICOS INVESTIGADOS
Concretamente, las investigaciones a políticos incluyen a Adolfo Gacio (Boqueixón), Francisco Rodríguez (Ourense), Argimiro Marnotes (O Carballiño) y Ángel Currás (Santiago), todos ellos en su día alcaldes populares menos el de Ourense, por el PSOE.

Además, también están investigados en algunas de las piezas compostelanas los que fueran políticos popular y socialista --respectivamente-- Ángel Espadas y Bernardino Rama, junto a un funcionario del Ayuntamiento. En Ourense, salpicó también al que fuera edil del BNG Fernando Varela; mientras que se investiga otra pieza con por supuestos enchufes que afectan, como investigados, a Julio Flores y a José Nogueira.

Por supuestas donaciones, y salpicados los tres partidos, están investigados Julio Flores, Ángel Espadas, Xoán Xosé Martínez Cajigal, Xosé Fernando Varela Parada y Mercedes Carbajales.

SEPARACIÓN DE LA PIEZA
El instructor indica en el auto que, tal y como señaló el alto órgano judicial provincial, "no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes".

La Audiencia también advirtió en el auto que ahora ejecuta el instructor de "la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas, que supondrían la inoperancia del juicio".

Por ello, el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, en un auto contra el que cabe presentar recurso, ha decretado que se deduzcan testimonios de la causa en cuanto a cada uno de los 33 hechos investigados para, posteriormente, remitirlos al Juzgado Decano de Lugo con el fin de realizar el reparto entre los juzgados de instrucción.

En la causa, según consta en la resolución notificada este miércoles, se investigaron "unos hechos de los que, a priori, resultaba que el grupo Vendex, a partir de sus contrataciones en Galicia, pudiera haber obtenido beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversos fraudes en la contratación pública en distintas localidades de Galicia".

CONDUCTAS DE VARIOS DELITOS
Los investigados, según el auto, habrían llevado a cabo, entre otras, "conductas constitutivas de otros varios delitos contra la administración pública, por medio de la corrupción supuestamente de funcionarios y cargos públicos, mediante, entre otras actividades, entregas de dinero en efectivo, dádivas o regalos, contratando personal recomendado por tales funcionarios o cargos públicos o gestionando retirada de multas, mediante donaciones ilegales a partidos, etc".

En ocasiones, además, "se habría llevado a cabo un presunto blanqueo de los beneficios obtenidos de tales actividades presuntamente delictivas".

LIÑARES, ÚNICO POLÍTICO CONDENADO HASTA AHORA
La primera condena de la macro operación denominada Pokemon se produjo en marzo de este año. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo condenó a cinco años de cárcel por cohecho y prevaricación al expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), Francisco Fernández Liñares, que fue juzgado junto a nueve empresarios.

Las distintas piezas investigan desde la concesión del servicio de ayuda en el hogar, hasta la gestión de los contratos de la ORA y grúa, retirada de sanciones o tasas municipales, y supuestas donaciones a partidos políticos, entre otras.