Tormenta política en Cataluña adjudicar a dedo el seguimiento de sospechosos de coronavirus
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEMSA), un órgano dependiente del Departament de Salut, ha adjudicado por 14,6 millones de euros (17,6 millones con IVA) un contrato a Ferroser Servicios Auxiliares, una de las filiales de Ferrovial.
Joan Guix, secretario de Salut Pública de la Generalitat y máximo responsable de la crisis del Covid-19 en Catalunya renunció la semana pasada a su cargo , según ha podido saber CATALUNYAPRESS de fuentes bien informadas, por no estar de acuerdo con la decisión de la Generalitat de adjudicar a Ferrovial el seguimiento de los casos con Covid-19.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEMSA), un órgano dependiente del Departament de Salut, ha licitado por 14,6 millones de euros (17,7 millones con IVA) un contrato a Ferroser Servicios Auxiliares, una de las filiales de Ferrovial.. El procedimiento se ha resuelto sin concurso público y sin aportar razones que justifiquen ni la elección de esta empresa ni el importe de la adjudicación.
Según reza el contrato que ha publicado la Generalitat, Ferrovial deberá informar a "cualquier persona asintomática que cumpla la definición de contacto estrecho de un caso confirmado", sobre las "precauciones de higiene respiratoria y lavado de manos y síntomas de alarma de la enfermedad". Solo en las ocasiones que se considere oportuno, Ferrovial deberá "reforzar la vigilancia llamando a los contactos en la mitad del periodo (día 7) y al final del periodo de la cuarentena".
Sin embargo, este no será el único servicio que la Generalitat pueda licitar a dedo. Según consta en el contrato donde se adjudica el seguimiento de casos de Covid-19 a Ferrovial, se podrán contratar por procedimiento de emergencia, sin concurso, los siguientes servicios:
- Servicio de transporte de muestras.
- Servicios de transporte sanitario urgente y no urgente.
- Suministro de vehículos y servicios conexos.
- Suministro de fungibles que sean necesarios para dar respuesta al incremento de actividad.
- Recursos tecnológicos y otros servicios para garantizar la atención al ciudadano y los servicios asociados a la emergencia y consultoría médica, así como todos los servicios de suministro conexos.
Es decir, esta licitación abre la puerta a que la Generalitat pueda adjudicar sin concurso servicios como el de ambulancias, ambicionados por muchas empresas por el elevado valor de los contratos. Y sin exponer las razones sobre por qué contrata a la empresa adjudicatoria. En el caso de Ferrovial, el contrato solo justifica la elección de esta empresa alegando que "cumple los requisitos de capacidad y solvencia necesarios y que no incurre en prohibición de contratar":
El PSC ha pedido este viernes, mediante una instancia parlamentaria, más información al Govern sobre el contrato con Ferrovial. Assumpta Escarp, diputada socialista del Parlament, denuncia que el contrato ni siquiera expone el por qué de los 17,7 millones de euros. En todas las adjudicaciones públicas se enuncian las razones que justifican el importe del contrato, mientras que en esta no dan ningún tipo de explicación amparándose en la emergencia sanitaria.
INDIGNACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO
El contrato, además de haber sido adjudicado sin los procedimientos habituales de transparencia, ha indignado al sector público por privatizar el seguimiento de los casos de Covid-19. El sindicato Infermeres de Catalunya ha emitido un comunicado afirmando que es "indignante la contratación millonaria de entidades privadas para hacer tareas de rastreo de casos en lugar de dotar de recursos humanos y sanitarios al sistema público de atención primaria", denuncian.
Desde el sindicato no entienden que esta semana la Generalitat haya anunciado que reforzará con 4,5 millones de euros al servicio de Atención Primaria mientras que se adjudican "17 millones a una empresa privada para hacer tareas que pueden hacer los profesionales de atención primaria del Sistema de Salud público de Catalunya", denuncian desde Infermeres de Catalunya.
FERROVIAL, LIGADA AL CASO PALAU
La sentencia del caso Palau recoge el entramado de corrupción vigente en Catalunya durante años, e implicaba a Ferrovial. Según la sala décima de la Audiencia de Barcelona, Convergencia cobraba comisiones del 4% por parte de la empresa a cambio de adjudicaciones de obra pública.
El total de comisiones pagadas por Ferrovial a CDC y, movidas a través del Palau, ascienden a 6,6 millones de euros. Los mediadores, Millet y Montull, se embolsaron 3,5 millones de euros. El 4% obtenido en cada mordida se repartía de la siguiente forma: el 1,5% para los mediadores y el 2,5% para el partido.
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