Impedir la mina de oro en Corcoesto fue legal, falla el arbitraje internacional

Victoria para España -y para la Xunta- en el arbitraje lanzado por Edgewater. La minera canadiense reconoce su derrota  ante el tribunal UNCITRAL de París, pero advierte que aún no se da por vencida de todo.

"Estamos muy descontentos por la decisión de la mayoría del tribunal sobre su jurisdición y nuestra filial Corcoesto S.A. está considerando vías legales para lograr una compensación, incluido un recurso de anulación ante los tribunales franceses", señala la compañía.

Una de las protestas contra la mina de oro a cielo abierto

Edgewater denunció a España ante este tribunal de arbitraje internacional aprovechando un acuerdo bilateral entre España y Panamá. Y es que a pesar de que la firma es canadiense, formalmente dirigía la reapertura el país Centroamericano, hasta hace nada un paraíso fiscal.

La estrategia judicial de España pasó por rechazar la jurisdicción del Tribunal para enjuiciar la decisión de la Xunta. Dos de los tres jueces aceptaron uno de los argumentos españoles y ahí acabó el pleito.

Para Antolín Fernández Antuña, abogado del equipo de CIAR Global que representó al Reino de España en la audiencia de este arbitraje en París, “es otra gran victoria para España, en esta ocasión en un complejo arbitraje de inversión en el sector de la minería“.  

También una gran noticia tanto para el Gobierno Gallego, que se exponía a tener que pagar una millonaria indemnización de ganar Edgewater, como para los activistas que lucharon contra el polémico proyecto.

Fue la presión de gran parte de la comarca (pero no toda, porque contaba con el apoyo de los alcaldes locales del PP) uno de los factores que explican la repentina y sorprendente marcha atrás que ejecutó a última hora la Xunta en su día.

Captura de pantalla de la rueda de prensa en la que Feijóo dijo que la mina de Corcoesto se aprobaría  creando "una inversión de 110 millones de euros y cerca de 1.400 puestos de trabajo" 

El presidente Alberto Nuñez Feijóo llegó a prometer en rueda de prensa cientos de empleos directos en la comarca. Sin embargo, a última hora la Administración negó el permiso de explotación, alegando que Edgewater carecía de músculo financiero propio suficiente.

Los canadientes, que habían realizado ya considerables inversiones y que creían tener ganada la batalla política, montaron en cólera. Llevaron el dictamen de la Xunta a la Justiciam por la juridisción contenciosa-administrativa. En 2018  el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia avaló la decisión final del Gobierno Gallego.

Al agotar la vía de la justicia española, desde la minera abrieron la vía del arbitraje internacional. También ahí fueron derrotados. tras una vista celebrada en abril de 2018 y cuyo resultado trasciende ahora.

EDGEWATER DIJO EN EL JUZGADO QUE LE PIDIERON SOBORNOS

Al hilo del recurso administrativo, el asunto derivó en parte a la vía penal. En sus alegaciones, Edgewater denunció que  “amigos del presidente [Alberto Núñez Feijóo] llegaron con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa $$ en una maleta Samsonite”. Su CEO, George Salamis, dijo que fue convocado a una reunión en Madrid a la raíz de la que concluyeron que “tendría que pagar 1,5 millones de euros” para lograr los permisos y que “esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces [ Bernardo Tahoces, el director xeral a cargo de la tramitación del permiso]”.  La petición de soborno, y de ceder parte de la concesión a un socio español, le habría llegado en una reunión con el directivo de un periódico madrileño y una empresa del IBEX  35.

La Xunta reaccionó a tales afirmaciones con una denuncia por calumnias, que la Audiencia Provincial de A Coruña desestimó.

Salvo sorpresa, se cierra así, con la decisión del tribuanal internacional de arbitraje, uno de los episodios más sorprendentes, oscuros y polémicos de la reciente historia económica de Galicia.