El PSOE denuncia en Contas que Baltar repartió 160 contratos "a dedo"

Entre las eempresas beneficiadas de las presuntas irregularidades están Construcciones y Almacenes Manuel Viso e Hijos SL y Camiños de Ourense SL. Constructoras que ya puso en el punto de mira Gonzalo Pérez Jácome, antes de firmar su actual pacto con Manuel Baltar para repartirse el poder en la Diputación y el Concello.

El PSdeG-PSOE ha entregado al Consello de Contas 1.000 folios con documentación anexa a la denuncia sobre "el reparto a dedo de siete millones de euros" por la Diputación de Ourense, con el popular Manuel Baltar al frente.

Según asegura el Partido Socialista en un comunicado, la institución provincial fragmentó "de forma presuntamente irregular" 160 contratos menores de obras entre cuatro empresas en los dos últimos años. Desde julio del 2019, el PP gobierna en coalición junto a Democracia Ourensana (DO).

Socialistas de Ourense ante el Consello de Contas

Ahora, el Consello de Contas tiene un plazo de tres meses para pronunciarse sobre esta cuestión, "al amparo de su competencia para investigar denuncias sobre irregularidades en la gestión de cualquiera de las entidades" del sector público.

En este contexto, los socialistas aseguran que desde la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de contratos públicos, el gobierno de Baltar "repitió estas adjudicaciones menores, en muchos casos con importes exactamente iguales, en el borde del límite máximo, independientemente del objeto y siempre entre las mismas empresas". En otros casos, continúa el PSOE, "directamente incumplió el límite legal por razón de cantidad".

El secretario provincial del PSOE, Rafa Villarino, asegura que Contas "deberá determinar si Baltar, además de incumplir el espíritu de la ley de contratos, también ejecuta actos supuestamente ilegales que parecen una cadena de favores" a empresas amigas. No obstante, no descarta emprender acciones legales.

De acuerdo con sus cifras, la Diputación cometió una "violación evidente" de la legalidad en al menos 15 obras menores por más de 40.000 euros, el límite que establece la normativa; y hasta 10 contratos de servicios por más de 15.000 euros, otro tope fijado.

"Casi todas las obras que adjudican a dedo tienen sospechosamente el mismo importe, cuando se trata de obras de naturaleza completamente distinta", lo que, según Villarino, "también evidencia otras presuntas ilegalidades que en primera instancia debe esclarecer" el Consello de Contas.