Los cargos de la Xunta denunciados por la presunta manipulación de contratos postdoctorales "no participaron en la toma de decisiones", afirma Educación

La Consellería de Educación responde a Galiciapress tras la denuncia penal contra dos cargos de la Xunta presentanda por un candidato al hilo del concurso de 46 plazas postdoctorales en universidades y centros de investigación.

Desde la administración argumentan que la convocatoria es "transparente" y respetuosa "con la legislación vigente", además de afirmar que los cargos de la Xunta mencionados contra los que va la denuncia -presentada en juzgado de lo Penal de Ourense- no participaron "ni en el equipo evaluador ni en la comisión de selección". Además, subrayan que no se incumplió la reserva de plazas para personas con discapacidad y que los baremos utilizados para la evaluación de los opositores son los correctos. 

El proceso del concurso para investigadores fue "correcto", sostiene Educación, que dirige la conselleira Pomar

Educación sostiene que las convocatorias para las ayudas postdoctorales, que se anuncian en el DOG, son "totalmente transparentes". "La Consellería lleva desde el año 2012 haciendo convocatorias anuales de ayudas a la etapa posdoctoral del personal investigador de las tres Universidades del Sistema Universitario de Galicia, de las que se llevan beneficiado unos 600 investigadores", subraya la administración, reafirmando que es "falso" que la Consellería "no respete la legislación vigente", como recoge la denuncia de uno de los opositores contra la Subdirectora de Promoción Científica y el Secretario Xeral de Universidades.

¿LEY DE EMPELO PÚBLICO O LEY DE SUBVENCIONES?

En ese sentido, desde la Consellería informan que ya han emitido una respuesta contra "los puntos del recurso administrativo interpuesto por el denunciante". Desde Educación además destacan tres argumentosde la denuncia que consideran importante aclarar. Uno de ellos es el referido a la reserva de plazas para personas con discapacidad superior al 33%, un aspecto que desde Ministerio de Bienestar Social ya han abierto un expediente y la Oficina de Atención a la Discapacidad del Estado ha solicitado información formalmente a la Xunta.

"No se incumple la Ley de Empleo Público porque, tal y como recoge el texto de la propia Orden, la concesión de estas ayudas se rige por la Ley de Subvenciones", recalcan desde la Consellería, rebatiendo a su vez uno de los puntos de la denuncia donde aseguraba que la convocatoria pretendía hacer pasar por "ayudas" unos contratos postdoctorales. "Los contratados no son personal funcionario ni personal laboral de la administración pública, por lo que no se pueden regir sus contratos por la Ley de Empleo Público de Galicia", aclara Educación.

"Los beneficiarios de estas ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de las bases reguladoras, son las universidades del SUG, los organismos públicos de investigación de Galicia, las fundaciones de investigación sanitaria de Galicia (Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, Fundación Profesor Novoa Santos, Fundación Biomédica Galicia Sur), y los centros del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y el IEO (Instituto Español de Oceanografía) radicados en Galicia siempre que contraten las personas seleccionadas a través de un contrato laboral de duración determinada con dedicación a tiempo completo, de acuerdo con el marco legislativo actual, en virtud del cual la persona seleccionada quedará vinculada a dicha entidad", razonan desde San Caetano.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Otro de los elementos polémicos es el referido a los baremos utilizados para evaluar a los opositores a las plazas ofertadas. Desde la administración gallega son meridianos a la hora de afirmar que la evaluación "se desarrolla de acuerdo a una metodología homologable a la utilizada generalmente por la Agencia Nacional de Evaluación y  Prospectiva (ANEP) o por la propia ACSUG en procesos de evaluación científica y concurrencia competitiva similares". En la metodología utilizada se tienen en cuenta cuestiones como "la calidad de las publicaciones y proyectos" en los que participe el opositor o la "idoneidad de los centros para el proyecto que se quiere desarrollar".

"Hace falta señalar también que la evaluación tiene una parte cualitativa de la cual se encarga un equipo de expertos evaluadores seleccionados a través de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) entre profesores-investigadores de universidades españolas, con una amplia experiencia en evaluación en convocatorias de concurrencia competitiva basadas en méritos curriculares y de proyecto", añade la Consellería. En la misma línea, asegura que la puntuación mínima en la fase de evaluación para acceder a un contrato es de al menos 60 puntos y que en caso de que haya más candidatos que ayudas estas serán "para las 40 personas con mayor puntuación".

"NO PARTICIPARON EN LA TOMA DE DECISIONES"

Por último, con respecto a la denuncia contra la Subdirectora General de Promoción Científica y Tecnológica Universitaria y el Secretario General de Universidades, la administración comunica de "ninguno de ellos" formó parte "ni del equipo evaluador ni de la comisión de selección, tal y como reflejan las actas respectivas". "Por lo tanto no participaron en absoluto en la toma de decisiones respeto a la concesión de estas ayudas", esgrime.

"Insistimos, los evaluadores son ajenos a las universidades del SUG porque las personas seleccionadas se tienen que integrar en un departamento universitario, grupo, agrupación estratégica o centro de investigación, y es contrario contra todo proceso de evaluación ser juez y parte, es decir, las evaluaciones en el ámbito científico debiera realizarse por expertos, y se tiene que procurar la imparcialidad que se perdería si el proceso de evaluación es realizado por las mismas personas que van a tutelar y dirigir la formación postdoctoral de las personas seleccionadas".

No obstante, la propia Consellería de Educación manifiesta su "respeto" al derecho del denunciante a tramitar un recurso administrativo "e incluso una denuncia por vía penal" -si bien argumentan que no tienen confirmación de que esta hubiese sido admitida a trámite- contra esta convocatoria " que se lleva haciendo de manera transparente e ininterrumpida desde hace diez años". 

"Las personas afectadas se reservan el derecho de emprender las acciones que correspondan contra esta denuncia que no se sustenta sobre ningún fundamento jurídico, y así le fue comunicado al propio denunciante en la contestación al recurso administrativo que interpuso", concluye el comunicado de Educación.