Desde la administración argumentan que la convocatoria es "transparente" y respetuosa "con la legislación vigente", además de afirmar que los cargos de la Xunta mencionados en la denuncia no participaron " ni en el equipo evaluador ni en la comisión de selección". A su vez, subrayan que no se incumplió la reserva de plazas para personas con discapacidad y que los baremos utilizados para la evaluación de los opositores son los correctos.