Rompen las negociaciones para poner fin a la huelga de ambulancias
Los sabotajes de vehículos continúan después de la última reunión, pues pese a los avances al final se pararon las negociaciones
Los sabotajes de vehículos continúan después de la última reunión, pues pese a los avances al final se pararon las negociaciones
Las negociaciones entre patronal y sindicatos del sector de las ambulancias en relación al nuevo convenio han quedado rotas en la tarde de este jueves después de que los representantes de los trabajadores se levantasen de la mesa de negociación al no obtener respuestas positivas a sus reclamaciones.
El Consello de Relacións Laborais ha acogido en la tarde de este jueves un nuevo encuentro entre la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam) y los sindicatos del sector (CC.OO., CIG y UGT), después de que en la última reunión no se llegase a un acuerdo sobre la última oferta presentada por la patronal.
Según ha informado la Fegam, a su última propuesta, los sindicatos han presentado este jueves una contraoferta económica que "implicaría una subida del 25,8%", algo que consideran "totalmente fuera de la realidad e imposible de asumir".
Esta ruptura de las negociaciones se produce cuando se está llevando a cabo un nuevo periodo de paros en el sector de las ambulancias que, si no consigue llegar a un acuerdo para la firma del nuevo convenio, irá a la huelga indefinida a partir del 20 de este mes.
Los empresarios han asegurado que los trabajadores "amenazan con recrudecer la huelga" y que, "desde el primer día de negociación no han cesado los sabotajes a vehículos, con pintadas y pinchazos de ruedas".
Aún así, la patronal reitera que se mantiene la propuesta presentada a los sindicatos en el último encuentro de negociación, que recoge un "importante incremento salarial" y "mejoras sociales, que incluyen muchas de las demandas de los trabajadores".
El texto entregado a los representantes sindicales les ofrece a los trabajadores un aumento del 4% del salario a partir de noviembre de este año, un aumento de otro 3% a partir de noviembre de 2020, un incremento adicional del 1% en enero de 2021 y enero de 2022, la tercera paga extra, que supondrá un aumento del 8'5% del salario, prorrateada en dos años (2021 y 2022), y una paga lineal de 150 euros para todos los trabajadores a percibir en los meses de noviembre de 2020, 2021 y 2022.
Asimismo, los trabajadores percibirán el mismo salario en vacaciones que el resto del año, incluyendo complementos, entre otras mejoras sociales, ha explicado la patronal. Con ello, explica Fegam, y en cómputos globales, "los trabajadores del transporte sanitario de la comunidad gallega incrementarían su salario en cinco años en más de un 18%".
Sin embargo, los trabajadores exigen que la oferta salarial sea más importante y, sobre todo, reclaman que las mejoras se implanten con inmediatez y que no se aplacen hasta 2020.
ENCIERROS
En este contexto, trabajadores de ambulancias de las siete áreas sanitarias gallegas en huelga se han encerrado este jueves en los despachos de las Xerencias de Xestión Integradas con el objetivo de demandar un nuevo convenio colectivo que "garantice unas condiciones laborales dignas", según ha trasladado CIG, CC.OO. y UGT.
En concreto, en Vigo, en el marco de un acto al que han asistido un centenar de personas; el delegado de CIG en Ambuibérica y miembro del comité de huelga, Alberto Cedeira, ha detallado a Europa Press que no se ha producido una actualización salarial de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) desde el vencimiento del anterior convenio, en diciembre de 2015.
Además, la actualización de las retribuciones de acuerdo con el IPC no se hará efectiva hasta noviembre de este año, según la propuesta de la patronal. Mientras, la subida salarial sobre este índice se hará efectiva en 2020. A esta situación, se suma la deuda de una paga extra de 2011 que, según la proposición de la patronal, todavía no se retribuiría este año a los empleados de las ambulancias. Frente a las reclamaciones de intermediación que han hecho al Sergas, Sanidade alega que se trata de un conflicto entre trabajadores y empresas.
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