Bienes del narco Marcial Dorado adjudicados en subasta

El Fondo de Bienes Decomisados procedentes de tráfico de drogas y otros delitos relacionados --que gestiona la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas-- ha subastado este martes varios lotes de inmuebles, entre los que se encontraban un conjunto de fincas rústicas y un ático que pertenecieron en su día a Marcial Dorado.

Marcial Dorado con Núñez Feijóo

En la subasta, que se ha celebrado en un hotel de Madrid, fueron vendidas varias fincas situadas en Yllera de las Dueñas (Ávila) por 100.345,90 euros. Por otra parte, también se vendió un ático situado en Baiona (Pontevedra) por 160.000 euros, un 42,60% más que el precio mínimo.

CONDENADO POR BLANQUEAR DINERO DE LA DROGA

Ambas propiedades fueron adjudicadas a particulares y fueron decomisadas a Marcial Dorado después de que éste fuera condenado, en 2015, a la pena de 6 años de prisión por un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Otra de las fincas decomisadas a Dorado, la conocida como Casa Jaureguízar, en Vilagarcía de Arousa, se retiró de la subasta, ya que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Vilagarcía. Así, el consistorio comprará el inmueble por 170.000 euros para destinarlo a fines socioculturales.

RESTO DE LOTES

En la puja pública celebrada este martes, en la que participaron 92 licitadores, salieron a subasta 19 lotes, y solo una de las subastas quedó desierta, la relativa a un inmueble en Alhaurín de la Torre (Málaga).

Por el resto de lotes, el Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos realacionados ingresará 1,8 millones de euros, que se destinarán en su mayor parte a programas de prevención, mejora de la asistencia y reinserción social de personas drogodependientes.

El total recaudado supera en un 44,74% el precio mínimo de adjudicación, cifrado en 1.274.825,68 euros (el precio mínimo de adjudicación se corresponde con el 70% del valor de tasación).

En los últimos años, aproximadamente el 70% de estos ingresos se ha dedicado a este tipo de programas de reducción de la demanda y el 30% a la reducción de la oferta (persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras).