​Cinco ayuntamientos más contra la Mina de Touro y van 42 (11 del PP)

Los municipios de Negreira, Toques, Val do Dubra, Ordes y Monterroso se suman a la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA) que luchan contra la apertura de la Mina de Touro. En la actualidad la plataforma cuenta con la adhesión de otros 37 ayuntamientos, once de ellos gobernados por el PP, y las diputaciones de A Coruña y Pontevedra.

Mapa de los ayuntamientos integrados hasta ahora en la plataforma

Esta semana se ha anunciado la entrada de cinco nuevos ayuntamientos en la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa. Concretamente, las localidades de Negreira, Toques, Val do Dubra, Ordes y Monterrosos se suman a los otros 39 ayuntamientos, de los cuales once están gobernados por el Partido Popular, que luchan contra la apertura de la Mina de Touro por miedo a que el impacto medioambiental que puede producir el sector minero afecte al marisqueo de la ría.

Este organismo pretende ejercer presión sobre la Xunta para que el gobierno gallego no autorice la reapertura de la Mina de Touro-O Pino. El impacto medioambiental de la actividad minera podría producir un desastre ecológico en el Río Ulla, próximo a la zona de la explotación minera, lo que a su vez podría desencadenar un desastre medioambiental que afectase al sector pesquero y marisquero de la Ría de Arousa, uno de los motores económicos más importantes de la zona. Esa posibilidad es una de las que preocupa a los ayuntamientos adheridos a la plataforma, mientras que los gobiernos de Touro y O Pino si son favorables a la explotación de la mina por los puestos de empleo y beneficios económicos que podría reportar la concesión que depende de la decisión que tome el gobierno de Feijóo.

MULTAS POR CONTAMINACIÓN

Sin ir más lejos, el pasado 20 de septiembre la empresa Aguas de Galicia multó con 30.000 euros a la empresa propietaria de los terrenos de la mina, Explotaciones Gallegas S.L., por vertidos contaminantes a afluentes del Ulla. Podsteriomente, le metió otra multa de 20.000 euros esta semana.

Desde Aguas de Galicia acusan a la compañía -parte del grupo gallego socio de la multinacional Atalaya Minning en la reapertura de la mina- sancionada de utilizarla “como un macrovertedero” y destaca el riesgo que supone “tanto medioambiental como para la salud pública”.