La trata: un problema de dimensiones inimaginables

España encabeza la lista de países europeos consumidores de prostitución, con un 39% según la Organización de las Naciones Unidas. La gran demanda es una de las principales causas de la trata de personas con fines de explotación sexual, una forma de esclavitud que vulnera los derechos de las personas que la sufren, especialmente mujeres y niñas. 

El número de personas tratadas es muy difícil de determinar. Según estimaciones de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en Europa, sólo se detectan una de cada veinte potenciales víctimas de trata. En el informe Estudo exploratorio da trata de persoas en Galicia de Silvia Pérez Freire y editado por la Xunta de Galicia, las personas en riesgo de trata sexual en el año 2009 eran 6.157, lejos de las 15.075 detectadas en 2010 y las 14.370 de 2011, basándose en datos del Centro de Inteligencia contra el crimen organizado. 

Según el informe del Grupo de expertos en acción en contra de la tata de seres humanos (GRETA) del Consejo Europeo sobre España publicado en 2018, España continúa siendo el primer país de destino para el tráfico de personas, así como de tránsito hacia otros destinos en Europa. Desde el año 2013 a 2016, las autoridades han identificado casi 900 víctimas de trata, de las cuales un 84% eran mujeres y niñas explotadas sexualmente. En el mismo período de tiempo los países de origen más frecuente son Rumanía (306 víctimas), Nigeria (104), China (100), Paraguay (58) y Bulgaria (42). 

El informe GRETA señala otra dificultad en la identificación del número de personas tratadas. El estatus de víctima de trata lo puede reconocer en exclusiva la ley y está ligado a una investigación criminal, lo que significa que los datos sobre casos detectados por ONGs no figuran dentro de las estadísticas. 

GALICIA

Ya en 2011 se abrieron 44 procedimientos judiciales y se incoaron 64 diligencias previas en materia de trata en el estado español, de las cuales 92,18% corresponden a explotación sexual. Los datos, recogidos en el informe de Silvia Pérez y la Xunta, son de la Fiscalía General del Estado. 

Por su parte, la Fiscalía Superior de Galicia ofreció en el mismo año datos de 28 diligencias de investigación fiscal contra la trata, y en cuanto a prostitución coactiva se contabilizaron 2 diligencias en Ourense, 3 denuncias o querellas en Ourense y Pontevedra y 19 procedimientos judiciales penales en toda Galicia. 

En el mismo informe se recoge que la Guardia Civil reconoce la falta de conocimiento relativo a la dimensión real del problema de la trata: "Policialmente sólo se conocen los casos que se investigan y ese conocimiento llega, la mayoría de los casos, a través de las denuncias de las víctimas, por lo que es más que probable que queden muchos casos sin conocer". 

Los datos que aporta la Guardia Civil sobre establecimientos y personas relacionadas con la prostitución inspeccionados por ellos en 2011 son de 79 clubs, con un total de 605 víctimas -también las potenciales, las que ejercen la prostitución por encontrarse "en un estado de necesidad y porque, denuncien o non, siempre queda la duda de si ejercen esa actividad bajo el control más o menos riguroso de personas y organizaciones dedicadas a actividades delictuosas"- en toda Galicia, de las cuales 25 son nacionales y 580 extranjeras 

De otra banda, los datos recogidos por las organizaciones sociales en nuestra comunidad entre 2010 y 2011 hablan de 1.537 personas víctimas de trata sexual, entre las cuales sólo se detectó un caso de un hombre. Las características que rodean a estas personas suelen repetirse. Les hacen creer que tienen deudas económicas y morales derivadas del viaje desde sus países de origen, tienen miedo e inseguridad ante las amenazas de los tratantes y muchas veces están aisladas de forma física o por las barreras ideomáticas. 

El derecho a la vida; la prohibición de la discriminación; el derecho a la libertad y la seguridad; el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajos forzosos; o el derecho a no ser sometido a torturas o penas crueles, inhumanas o degradantes, son sólo algunos de los derechos humanos fundamentales afectados por la trata de personas.