​La Justicia no ve delito en que una minera denunciase que le pidieron un soborno para la Xunta

La Audiencia Provincial de A Coruña desestimó el recurso de apelación que interpuso la Xunta contra Edgewater. El gobierno había denunciado por calumnias a la minera de Corcoesto por afirmar en los juzgados que “tendría que pagar 1,5 millones de euros” para lograr los permisos y que “esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces [ Bernardo Tahoces, el director xeral a cargo de la tramitación del permiso]”.

George Salamis, el canadiense al mando del proyecto de Corcoesto

Según adelanta hoy infoLibre, la apelación fue desestimada en noviembre. Por lo tanto, las palabras del CEO de Edgewater, George Salmis, que llegó a afirmar que “amigos del presidente [Alberto Núñez Feijóo] llegaron con ofertas de ayuda, lo que normalmente significa $$ en una maleta Samsonite”, no serán perseguidas.

Galiciapress se puso en contacto con la Consellería de Economía para pulsar la reacción del Ejecutivo, sin recibir por ahora respuesta.

Marcha atrás a última hora 

La Xunta apoyó en principio la megamina de oro. El presidente Alberto Nuñez Feijóo llegó a enarbolar los puestos de trabajo que prometía Edgewater en una rueda de prensa del Consello para defender su apoyo a la explotación.

Sorprendentemente, cuando el trámite llegaba a su recta final, y después de importantes movilizaciones vecinales -como las que hay ahora contra la mina de Touro-, el Ejecutivo dio marcha atrás, alegando que la filial gallega de los canadienses carecía del músculo financiero necesario.

Captura de pantalla de la rueda de prensa en la que Feijóo dijo que la mina de Corcoesto se aprobaría

Esto desató una ofensiva judicial de Edgewater, marco en el cual hizo las acusaciones de petición de soborno. La minera llegó a describir una reunión en Madrid en la que supuestamente un directivo de un medio de comunicación y una empresa del IBEX 35 -que no identificó- habían tratado de arrancarles parte del negocio a cambio de garantizarles que la Xunta aprobaría el proyecto.

A su vez, la Xunta reaccionó con una demanda por injurias y calumnias rechazada en primera instancia y que, según trasciende ahora, desestimada también por la instancia judicial superior. Está por ver ahora si el Gobierno no se da por vencido y vuelve a recurrir.

Esta no es la única batalla legal en marcha al hilo de la polémica y frustrada mina. Edgewater presentó una demanda de arbitraje internacional. En esa demanda, según recoge Fernando Varela en Infolibre, la empresa de Canadá afirma que ““un directivo de Sacyr le dijo a Salamis que MDC tendría que pagar 1,5 millones de euros para obtener un permiso de desarrollo para las concesiones de Corcoesto. Ese individuo también le dijo al Sr. Salamis que esos fondos se distribuirían entre altos cargos de la Xunta, incluyendo al presidente Feijóo y al Sr. Tahoces. Además, afirmó que si MDC se negaba a pagar, creía que la Xunta procedería a tomar medidas para expropiar las concesiones”.

Previamente, Edgewater había interpuesto un contencioso-administrativo, en el que describió la citada reunión con un “directivo de un medio de comunicación de tirada nacional”. La Justicia no le dió la razón a la multinacional. El Constitucional falló que la Xunta había actuado correctamente con la reforma legal que utilizó para denegar finalmente el proyecto.

La pelea judicial alrededor de Corcoesto es especialmente relevante ahora, cuando hay otro proyecto en tramitación, el de la mina de cobre que Atalaya Minning pretende reabrir en Touro - O Pino. Una explotación que también parece contar con el soporte de los concellos locales y del Gobierno autonómico, al menos en los primeros pasos de los permisos; pese a desatar también las críticas de muchos vecinos y de la oposición.