Concejala de Minas de Río Tinto confirma falta de contrataciones locales de Atalaya Mining

Uno de los principales argumentos que enarbolan los defensores de la apertura de la mina de Touro -como los alcaldes de Touro y O Pino- es la posterior generación de empleo, con cerca de 1.400 trabajos en torno a la actividad minera. Sin embargo, la empresa a cargo del proyecto, Atalaya Mining, despertó sospechas tras la “contratación de 100 trabajadores portugueses” en su explotación de Minas de Río Tinto. La concejala del PSOE, Rocío Díaz, aunque asegura no poder calificar la experiencia minera de “negativa”, reconoce en declaraciones a Galiciapress la falta de contrataciones en el ámbito local.

Fuente: Mas TV Huelva

La secretaria general socialista del ayuntamiento nos asegura que a pesar de que “hay vecinos trabajando, luego te enteras de que vienen 50 o 100 de Portugal”. “Sin tener datos oficiales”, explica la secretaria general, “las contrataciones no se están haciendo estrictamente locales”.

La culpa la achaca a las políticas del PP en el Ayuntamiento y a la ausencia de "un convenio como tal” que sea fiel a este tipo de contrataciones. Rocío Díaz considera que no existe “un convenio propio elaborado” como sí se da en las próximas minas de Aguas Teñidas, donde afirma trabajan muchos más vecinos. Ve necesario llegar a un acuerdo en el que se “regule explícitamente” el tema de las contrataciones laborales, y la iniciativa, de acuerdo a la socialista, debe partir del propio Ayuntamiento y no de una empresa privada.

Por otro lado, Rocío Díaz afirma que el partido siempre “estuvo a favor de la apertura de la mina”, y destaca que las actividades mineras no resultaron “negativas”, sino que implicaron el nacimiento de “ayuntamientos en torno a la mina”, la generación de “empleos indirectos” y el incremento de familias que logran mantenerse y vivir en la zona. “Nosotros llevamos toda la vida con la mina al lado y no es negativo”, concluía la edila.

No obstante cabe recordar que, de acuerdo a Adega, Atalaya Mining fue sancionada en 2016 por la Junta de Andalucía con cuatro faltas graves por “incumplimiento de autorización ambiental en las minas de cobre de Río Tinto”. Esto se tradujo en “excesos de partículas en suspensión” por el transporte de escombros, voladuras y circulación de camiones.