Esta figura creada por la última Ley de Vivienda aprobada por la izquierda se refiere a áreas donde, debido a las condiciones específicas del mercado inmobiliario (como el costo del alquiler y las hipotecas), hay riesgo de que la oferta de viviendas sea insuficiente para la población. En estas zonas, se autoriza la implementación de restricciones para regular el mercado, aunque la designación como tal depende de las decisiones de los gobiernos autonómicos. La Xunta ha pasado la pelota a los ayuntamientos. El de Santiago asegura que hará los informes, pero que llevará tiempo y que al final San Caetano no las pondrá en marcha.