La Audiencia Provincial de Madrid declara nulas todas las cláusulas firmadas en cualquier contrato hipotecario. Estipula que la retroactividad es total, en línea con el dictamen del TUE en diciembre de 2016.
En junio se puso en marcha un plan de urgencia para evitar que la Justicia colapsase por el aumento de los litigios.
Desde su puesta en marcha en junio han dictado ya casi 200 sentencias y celebrarán otras 380 vistas estos dos meses.
Ha recibido más de 1.400 demandas en menos de cuatro meses, procedentes de distintos puntos de la provincia.
El juzgado exclusivo de Vigo es el primero en número de casos, con más de 1.100 demandas. Solo ha habido una sentencia por el momento.
Los juzgados de Lugo, con una unidad de refuerzo, han sido los primeros en dictar una sentencia por las demandas recibidas.
La proyección de esta cifra a un año natural supondría que serían 90.611 las demandas registradas en los órganos judiciales.
Los cuatro grupos parlamentarios han aprobado la proposición no de ley del PSdeG para hacer frente al "probable aluvión de demandas".
En vísperas de su entrada en funcionamiento, reprochan "la imprevisión y falta de coordinación que ya viene siendo habitual".
Entre 400 y 900 demandas habrá un juez 'bis' en el juzgado provincial especializado, aunque CGPJ contempla el "desdoblamiento" ante más casos.
Estarán en Vigo, A Coruña, Ourense y Lugo pero cabe la posibilidad de especializar otros en función de las necesidades que se detecten.
Jueces de A Coruña critican que no haya "medidas de refuerzo" frente a la avalancha de demandas prevista. Abogados coruñeses ofrecen su asesoramiento gratuito a los afectados.
Las entidades manejan una cifra de provisiones "ligeramente" superior para afrontar el impacto de la sentencia del Supremo.
Alguna entidad ya adelantó el procedimiento que les concede tres meses desde la recepción de la queja para llegar a un acuerdo con el consumidor y evitar la vía judicial.
Los bancos tendrán que devolver todo lo cobrado por estas cláusulas abusivas, también antes de 2013, al aplicarse por primera vez esta medida.
Si en el proceso de mediación no se alcanzara un acuerdo, el afectado podrá recurrir a estos juzgados especializados.
La entidad dejó de aplicar las cláusulas suelo en sus contratos hipotecarios el 9 de mayo de 2013, cuando el TS emitió una sentencia que las declaraba abusivas.
Tiene que ser el consumidor el que tome la iniciativa para iniciar el proceso, un mecanismo que no anula la vía judicial.
La asociación de consumidores Adicae afirma que alguna entidad continúa aplicando estas práctivas abusivas.
Villares ha indicado que "es perjudicial" para los afectados porque "es el banco quien califica si las cláusulas son abusivas o no".