El Bloque busca penas de 50 años de cárcel por el "falso patrocinio" de Abel Caballero a los Guns N'Roses

El BNG de Vigo ha denunciado ante Fiscalía el "escándalo sin precedentes" del "falso patrocinio publicitario" del concierto de Guns N' Roses, al apreciar hasta cuatro posibles delitos que sumarían penas de hasta 50 años de cárcel y 18 de inhabilitación para cargo público.

La polémica sobre el contrato del concierto de Guns N' Roses en Vigo ha desembocado en una sentencia judicial que condena al Ayuntamiento de Vigo a pagar más de 1,5 millones de euros a la promotora del evento, Sweet Nocturna. Este caso ha generado una considerable controversia política y legal en la ciudad gallega.

El origen de la disputa se remonta a junio de 2023, cuando Guns N' Roses ofreció un concierto en el estadio Abanca Balaídos de Vigo. El alcalde Abel Caballero había anunciado con gran entusiasmo la llegada de la banda estadounidense a la ciudad, comparándola con otras capitales europeas.

Sin embargo, el proceso de contratación y patrocinio del evento fue calificado por la oposición como una "chapuza". Los principales puntos de conflicto fueron:

1. Preacuerdo y concurso público: Se alega que el Ayuntamiento mantuvo conversaciones y llegó a un preacuerdo con la promotora antes de convocar un concurso público.
2. Concurso declarado desierto: El Ayuntamiento convocó un concurso que fue declarado desierto, argumentando que la única empresa que se presentó, Sweet Nocturna, no cumplía con los requisitos.
3. Reclamación de la promotora: La empresa promotora reclamó 1,9 millones de euros más intereses al Ayuntamiento, alegando la existencia de un acuerdo previo de patrocinio.
4. Sentencia judicial: En enero de 2025, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Vigo falló a favor de la promotora, condenando al Ayuntamiento a pagar más de 1,5 millones de euros. La sentencia considera válidas las pruebas presentadas por la empresa, que demuestran la existencia de reuniones y comunicaciones previas entre el alcalde, concejales y la promotora. Además, se menciona una "carta de interés" firmada por el edil de Participación Ciudadana, ofreciendo el estadio y una posible aportación económica.
    

ARGUMENTOS DEL PSOE

Desde el PSOE, partido en el gobierno, se defiende la absoluta legalidad del proceso y se insiste en que el concurso público fue abierto y transparente. Según su portavoz, Carlos López Font, la decisión de declarar desierto el concurso fue tomada por un órgano técnico independiente, la Mesa de Contratación, debido a que la única empresa participante no cumplía los requisitos establecidos. Además, el gobierno municipal ha recurrido la sentencia judicial alegando "errores conceptuales" en la misma.

El PSOE también sostiene que no existió un acuerdo previo vinculante con la promotora y que las negociaciones iniciales no comprometían al Ayuntamiento a financiar el concierto. Sin embargo, este argumento ha sido cuestionado por la oposición y por el propio fallo judicial, que considera probada la existencia de reuniones entre el alcalde y responsables de Sweet Nocturna meses antes del evento. Entre las pruebas presentadas se encuentra una carta de interés enviada por el concejal de Fiestas en la que se ofrecía apoyo económico y el uso gratuito del estadio Balaídos.

ACUSACIONES DEL BLOQUE
El portavoz nacionalista, Xabier Pérez Igrexas, a las puertas de los juzgados olívicos tras presentar dicha denuncia, ha criticado los "gravísimos hechos e irregularidades" que supuso este "intento de utilización de forma ilegal" de casi 2 millones de euros públicos, por lo que "no puede quedar impune".

Tras lamentar que el gobierno local "no asumiese ningún tipo de responsabilidad" y tampoco "diese explicaciones", Igrexas ha advertido de que no permitirá que "se vaya de rositas", por lo que el BNG promueve estas acciones judiciales para "depurar responsabilidades" porque "ninguna mayoría absoluta da derecho a chalanear con 2 millones de euros amañando un contrato de presunto patrocinio publicitario".

El nacionalista ha esperado que ahora Fiscalía atienda la demanda e inicie diligencias para investigar el asunto al apreciar el BNG "elementos más que indiciarios" de cuatro posibles delitos: prevaricación administrativa, malversación, fraude y falsedad documental.

50 AÑOS DE CÁRCEL
Así, estos ilícitos penales sumarían en sus penas máximas un total de 18 años de inhabilitación para cargo público y penas de prisión de hasta 50 años, según el Bloque, lo que plasma "la gravedad de los hechos que se denuncian".

Por su parte, Xabier Pérez Igrexas ha anunciado que el BNG ha presentado también un escrito ante el Consello de Contas sobre el mismo tema, al ser el órgano fiscalizador de las administraciones públicas, con el objetivo de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva del caso.

"Este escándalo no puede quedar impune", ha sentenciado el portavoz nacionalista, esperando que estas acciones permitan "poner luz donde el gobierno de Abel Caballero puso sombras, negándose a asumir responsabilidades".