Alcaldes y diputados del PP reclaman Estado el pago de "los 2.500 millones de deuda" para el SAF

Dicen que los ayuntamientos tienen que hacer un esfuerzo económico para cubrir gastos después de que los usuarios se multiplicasen por ocho

Alcaldes y portavoces municipales del Partido Popular de la provincia de Lugo, junto a diputados y senadores, presididos por Elena Candia, se han concentrado este lunes ante la sede de la Diputación de Lugo para reclamar al Gobierno del Estado "el pago de los 2.500 millones de euros de deuda que tiene con los ayuntamientos de Galicia para el pago de la dependencia", sobre todo en relación a la financiación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF).

Para ello, pondrán en marcha una serie de actuaciones comenzando este martes, cuando los diputados populares defenderán en el pleno provincial una iniciativa en la que reclaman "que se cumpla el compromiso que hay con Galicia de sufragar el 50% de la atención a la dependencia".

Además, el Grupo Municipal Popular también defenderá la iniciativa en el pleno de este jueves en el Ayuntamiento de Lugo. Sobre ello, la portavoz, Elena Candia, ha lamentado que el Gobierno local "no identifique como prioritario el Servicio de Axuda no Fogar, ya que destina a esta prestación los mismos recursos que ayuntamientos de 15.000 habitantes, pese a que Lugo cuenta con 100.000 vecinos".

Candia ha explicado que los municipios lo que reclaman es que se cubra la Ley de Dependencia para que ese dinero pueda llegar a los usuarios finales porque "las economías de los ayuntamientos, que son los que gestionan, no son capaces de sufragar esos gastos tan elevados si se adeuda ese dinero por parte del Estado".

Ha reclamado Candia un "frente común" de todos los partidos para reclamar el pago de esta deuda porque, como complementó Antonio Ameijide, portavoz de la Diputación, "pese a tener la obligación legal, no lo están haciendo". "Hasta que el Gobierno central no pague el que debe para la dependencia, la atención que se le puede prestar a los dependientes no será lo que por ley les corresponde, a pesar de todos los esfuerzos que están realizando la Xunta y las administraciones locales", ha dicho.

MULTIPLICADO POR OCHO
Ameijide ha destacado que los últimos años el número de dependientes se multiplicó por 5, de 15.000 a 77.000; las plazas de residencia por 3, los centros de día por 6 y el SAF pasó de 3.000 a 24.000 usuarios, lo que supone multiplicar por ocho. "Estamos en una situación en la que el Estado invita, pero quiere que paguemos los ayuntamientos", ha concluido.

En su intervención, el alcalde de Castro de Rei y también diputado provincial, Francisco Balado, ha explicado que esta situación está ahogando a los ayuntamientos. El regidor lamentó "la difícil situación que atravesamos", que provoca un daño colateral, "que la Xunta de Galicia no puede destinar el dinero que quiere a otros servicios sociales porque tiene que suplir ese impago". Afirma también que los ayuntamientos tienen que hacer frente al pago y eso condiciona su economía. "Esto no es un debate de izquierdas o de derechas, va de cumplir la ley que ellos mismos elaboraron", ha concluido.

La Ley de Dependencia, ha dicho Balado, "nunca podrá funcionar bien si persisten en no hacer los pagos, por mucho que se esfuercen los ayuntamientos y se esfuercen la Xunta y las otras comunidades autónomas".

El partido popular asegura que el nuevo decreto de dependencia del Gobierno central obligó a reformar la normativa autonómica y a buscar la financiación en un momento "en el que el ejercicio económico gallego ya estaba comprometido". Para la Comunidad, valoran que este le supuso un sobrecoste de 80 millones de euros al año.

Esta norma también varió las intensidades del SAF entre un 85% para el grado I y más de un 34% para grado III, que les afecta a las administraciones locales. "El Gobierno central actuó sin consultar a los ayuntamientos si tenían capacidad para ampliar las horas, si los contratos vigentes admitirían este incremento o si había financiación y trabajadores para llevarlo a cabo. Ante esta situación, la Xunta de Galicia tuvo que incrementar los complementos autonómicos para que los gallegos con dependencia no tuvieran que pagar más por los mismos servicios", han concluido.