PP y Vox exigen al Gobierno que dé marcha atrás en su petición de la oficialidad del catalán en la UE
Sacan adelante una PNL en este sentido en la Comisión Mixta de la UE pese al rechazo del PSOE y sus socios
PP y Vox han sacado adelante este jueves una proposición no de ley en la que reclaman al Gobierno de que abandone sus esfuerzos para conseguir que el catalán, el euskera y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE y que dedique los esfuerzos y los fondos que se destinarían para tal fin a otras cuestiones más prioritarias.
Los de Santiago Abascal habían presentado una proposición no de ley en este sentido en la Comisión Mixta para la UE, en la que se han introducido algunas modificaciones planteadas por PP y que finalmente ha salido adelante con 20 votos a favor y 15 en contra, incluidos los del PSOE y sus socios parlamentarios.
El texto aprobado exige al Gobierno que cese "de manera inmediata en sus esfuerzos por imponer la oficialidad de las lenguas cooficiales (...) en las instituciones de la Unión Europea" y que destine "los 132 millones de euros que está dispuesto a gastar en servicios de traducción en Europa, a financiar necesidades reales de los españoles".
Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Carlos Flores Juberías ha denunciado la "insistente, estéril y hasta embarazosa presión ante las más diversas instancias comunitarias" que está llevando a cabo el Gobierno, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para conseguir la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
En su opinión, la insistencia de Albares va en contra de lo dispuesto en la Constitución, que "circunscribe la oficialidad de las demás lenguas españolas oficiales al territorio y a las instituciones de las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos", al tiempo que "transmite una imagen de insolidaridad con los restantes países europeos que poseen mapas lingüísticos tan diversos como el nuestro, pero a los que se excluye de la posibilidad de acogerse a un trato que España reclama como excepcional".
Flores Juberías también ha criticado el hecho de que el Gobierno se haya ofrecido a sufragar el coste que tendría la introducción de las tres lenguas cooficiales en el régimen lingüístico de la UE y que Bruselas sitúa en 132 millones de euros, denunciando que serían pues los españoles sobre los que recaería este "desproporcionado coste".
ALBARES, "CANSINO HISTÓRICO"
El diputado de Vox ha cargado en particular contra Albares, quien ha dicho que lleva el camino de convertirse en "una suerte de cansino histórico de la escena internacional" y a quien ha echado en cara que con su insistencia a sus homólogos europeos y también a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, "demuestra ignorar una regla básica de la diplomacia según la cual el silencio equivale a un no; a un no cortés, pero a un no".
Por su parte, la senadora del PP Luisa Fernanda Rudi también ha afeado al Gobierno que en un contexto como el actual y con múltiples desafíos su prioridad sea la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE y que estas tres lenguas cooficiales puedan emplearse en la Eurocámara, como ya se hace en otras instituciones europeas.
"Es un asunto prioritario, pero no para el país, es un asunto prioritario para el Gobierno socialista y para mantener su precaria estabilidad parlamentaria", ha denunciado Rudi, recordando que el Ejecutivo necesita los siete votos de Junts, con quienes precisamente se llegó al compromiso de impulsar esta cuestión en el marco del pacto para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en 2023.
EL GOBIERNO NO HA DESACTIVADO EL CONFLICTO CATALÁN
La senadora del PP ha esgrimido que aunque tanto el PSOE como Sánchez "dicen que con estas medidas han conseguido desactivar el conflicto catalán", "no lo han desactivado". "Y no lo digo yo, lo dicen quienes son sus socios parlamentarios independentistas que siguen manteniendo a día de hoy el 'lo volveremos a hacer', ha lamentado.
"Lo volverán a hacer --ha añadido-- con los instrumentos que ustedes, socialistas, les han dado, dejando al Estado indefenso con la modificación del Código Penal y, sobre todo, pretendiendo en estos momentos que tengan también el control de las fronteras".
Por el PSOE ha tomado la palabra la diputada Obdulia Taboadela, quien ha intervenido en gallego para manifestar el "rotundo no" de su grupo a la iniciativa, denunciando que "la alianza de la derecha y la extrema derecha niega los derechos lingüísticos de los españoles".
"Cumplir la ley es de sentido común y su proposición no de ley va en contra de cumplir la ley y las resoluciones europeas", ha sostenido. La diputada socialista ha asegurado que no le "extraña nada" que esto ocurra en el caso de Vox pero ha afeado el "ejercicio de boicot" por parte del PP al uso del gallego en el Congreso, el Senado y también en el Parlamento Europeo.
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