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Un acusado que será juzgado en Pontevedra por intentar estafar 226.800 dólares se enfrenta a dos años y medio de prisión

Un ciudadano portugués, acusado de un delito continuado de estafa en grado de tentativa, se enfrenta a dos años y medio de prisión por engañar a una empresa panameña y a un ciudadano norteamericano para conseguir algo más de 226.000 dólares, y será juzgado este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

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Un ciudadano portugués, acusado de un delito continuado de estafa en grado de tentativa, se enfrenta a dos años y medio de prisión por engañar a una empresa panameña y a un ciudadano norteamericano para conseguir algo más de 226.000 dólares, y será juzgado este martes en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el procesado, sin que se sepa cómo lo consiguió, accedió a los datos bancarios de una empresa afincada en Panamá y dedicada a la distribución al por mayor de productos de lujo.

Haciéndose pasar por esta empresa, ordenó en abril de 2015 a Banesco, entidad financiera donde la empresa tenía su cuenta, la transferencia de 220.000 dólares americanos a una cuenta de la Caixa Geral portuguesa a nombre de una empresa de la que él es administrador.

Sin embargo, la compañía panameña se percató de lo ocurrido y dio aviso a su banco que, a la vez, alertó a la Caixa Geral, y la operación fue paralizada.

Semanas antes de esto, en marzo de 2015, el acusado se hizo pasar por otra persona, un tal John Miller, y firmó un contrato de préstamo con un ciudadano residente en Estados Unidos. Según dicho contrato, el acusado le prestaría 2,36 millones de dólares, con un interés del 5 %, pero para formalizar el préstamo, el beneficiario debía pagar unas tasas por 6.800 dólares.

El perjudicado le ingresó esas supuestas tasas en abril, en la cuenta de la Caixa Geral, pero las sospechas le hicieron dar marcha atrás, y avisó a la oficina del banco portugués en Nueva York, para paralizar esa transferencia.

Por estos hechos, el ministerio público acusa al procesado de un delito continuado de estafa en grado de tentativa y pide que sea condenado a dos años y medio de prisión, y que se le imponga una multa de 3.150 euros.

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