La Xunta declara proyecto industrial estratégico la mina de Cobre San Rafael en O Pino y Touro

Cobre San Rafael afirma que el "primer proyecto de producción de cobre sostenible gallego" y que se hará "cumpliendo con toda la normativa"

El Consello de la Xunta ha dado luz verde este lunes a la declaración de la mina de Cobre San Rafael en O Pino y Touro como "proyecto industrial estratégico".

Así lo ha explicado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha recordado que esta declaración permitirá "reducir a la mitad" los plazos para esta instalación.

El proyecto, ha señalado Rueda, supone una inversión de casi 200 millones de euros y creará casi 400 puestos de trabajo. Se ubicará en los terrenos para los que la compañía "cuenta con autorización desde el año 58", con una extensión de 812 hectáreas.

El proyecto presentado por Cobre San Rafael supone un proyecto minero para extraer "diferentes minerales", principalmente cobre, un producto "estratégico" cuya demanda está en aumento y que, actualmente, el 82% del que se consume en Galicia y en España "viene de fuera", ha dicho Rueda.

Además, incluye la restauración ambiental de la zona degradada por la "antigua actividad minera" y la reforestación de los espacios con especies autóctonas.

A mayores, el proyecto incorpora la instalación de una planta solar fotovoltáica para autoconsumo sobre terrenos degradados, con la que se evitará la emisión anual de 18.565 toneladas de CO2 a la atmósfera y una planta de tratamiento de purines para la valorización de los residuos de las explotaciones de Touro y O Pino.

Finalmente, se pondrá en marcha un proyecto piloto denominado 'E-lix', basado en la recuperación de metales a partir de concentrados de mineral, con el que se completará la cadena de valor al permitir la comercialización de cobre metal 99,999% en lugar de concentrado de cobre.

LEY DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
La declaración como proyecto industrial estratégico se enmarca en la filosofía de la Ley de Simplificación Administrativa, que busca la captación de inversiones, recuerda la Xunta.

Con ello, se reducirán a la mitad los plazos --excepto los relativos a la presentación de solicitudes y recursos--, "manteniendo las garantías técnicas, jurídicas y ambientales".

Tal y como ha explicado el Gobierno gallego, la planta "cumple con los requisitos para ser declarada proyecto industrial estratégico", entre los que están el superar una inversión mínima de 20 millones de euros, crear un mínimo de 100 puestos de trabajo directos y complementar cadenas de valor que pertenezcan a sectores considerados estratégicos y que estén alineados con los objetivos de la UE o que se integren en los Fondos Next Generation. En este caso, apunta el Gobierno gallego, se cumple con la totalidad de los requisitos.

La inciativa se suma a la declaración como proyecto industrial estratégico de H2Pole, el centro de producción de hidrógeno verde promovido por Reganosa y EDP Renovables en As Pontes; Sentury Tire, para instalar una fábrica de neumáticos en el mismo ayuntamiento; y la planta de metanol verde en Mugardos de Forestal del Atlántico.

Otros proyectos con esta consideración son la fábrica de fibras textiles de Altri en Palas de Rei; la planta de biofibra reciclada de Ence en As Pontes; la planta de hidrógeno renovable de Naturgy, Repsol y Reganosa en Cerceda, y la factoría de envasado y manipulación de pescado de Stolt Sea Farm en Rianxo.

PRODUCCIÓN DE COBRE SOSTENIBLE
Tras hacerse pública la declaración de PIE, Cobre San Rafael ha emitido un comunicado en el que ha señalado que este será el "primer proyecto de producción de cobre sostenible gallego" y que se hará "cumpliendo con toda la normativa comunitaria y nacional, junto con los exigentes requerimientos de la Xunta" para convertirse en "un referente en minería sostenible" a nivel europeo.

La empresa, como indica la normativa de la Xunta, ha recordado que la consideración de PIE "no reduce la exigencia de la tramitación ni las garantías que tienen que aportar las empresas la hora de realizar los trámites técnicos y administrativos, incluyendo la exposición pública del proyecto".

Para Alberto Lavandeira, CEO de Atalaya Mining, se trata de "una gran noticia" que la Administración gallega, "después de estudiar el proyecto de forma profunda y rigurosa", haya determinado que "cumple con los requisitos legales" de esta opción.

"Este proyecto de producción sostenible de cobre gallego ha sido construido desde el escrupuloso cumplimiento legal, la excelencia tecnológica y la escucha del territorio, y significará un impulso directo e indirecto a nivel industrial para la región y, en especial, para una zona rural que padece problemas como la despoblación", ha dicho.

Los estudios de Cobre San Rafael estiman que tendrá un impacto directo en Galicia de más de 2.500 millones, "siendo los sectores de la fabricación de productos metálicos y el de la construcción los que más lo perciban". El 66% del gasto se hará en proveedores gallegos.

OPOSICIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
Esta declaración se produce de forma paralela a la oposición al proyecto de distintos colectivos ecologistas, vecinales y sindicales, que hace justo una semana expresaban su rechazo a la nueva formulación del proyecto de Cobre San Rafael. El anterior proyecto de reapertura de la mina, de 2020, fue rechazado por la Xunta basándose en la afectación a ocho cursos fluviales, así como una posible incidencia en los animales --de una zona de especial protección agraria--, unido a "un riesgo muy elevado" para las poblaciones y el medio ambiente en caso de catástrofe.

El pasado lunes, más de un centenar de colectivos vecinales, ecologistas, del mar y sindicales emitieron un comunicado rechazando este nuevo proyecto de explotación, presentado en enero de este año, asegurando que se trata "de una copia barata del tumbado en 2020 con una declaración de impacto ambiental negativa por sus previsibles impactos sobre el sistema fluvial del río Ulla".

"Lejos de enmendar el proyecto anterior, Atalaya Mining y su filial Cobre San Rafael vuelven a poner encima de la mesa una enorme balsa de 23 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos con 1,6 kilómetros de longitud y una altura similar a la de la Catedral de Santiago. El depósito de residuos está a menos de 500 metros del núcleo de población Arinteiro cuya población sería aniquilada en caso de un accidente. De hecho, la instalación propuesta sería ilegal en países como Brasil, Ecuador o China", afirmaron entonces los ecologistas.

Según los colectivos firmantes, "lo único que cambió en los últimos cuatro años fue la cantidad de dinero invertido por la minera en propaganda y campañas de desinformación sobre la realidad del proyecto, que ocuparía más de 800 hectáreas". De hecho, avanzaban movilizaciones en caso de que se procediese a la declaración como de interés estratégico.