A juicio casi diez años después la exdirectiva de Hostelería de Santiago por el caso del fraude en subvenciones

Los cinco hombres que formaban parte de la directiva de la Asociación Hostelería de Santiago durante los primeros años de la década de 2010 se sentarán en el banquillo de los acusados a partir del próximo martes 26 de septiembre para responder, casi diez años después a la denuncia interpuesta por el equipo que les dio el relevo al frente de la entidad, por el caso del supuesto cobro fraudulento de subvenciones públicas.

Fiscalía solicita para los cinco máximos responsables de la asociación en aquella época un total de 10 años de cárcel por un delito continuado de fraude en subvenciones públicas y otros dos de falsedad documental y delito societario.

Están encausadas también otras cinco personas que se enfrentan a una petición de dos años y medio de prisión para cada una por su vinculación en la trama al haber falsificado a través de sus empresas las facturas con las que, según sostiene el Ministerio Público, la directiva de Hostelería de Santiago camufla el cobro de ayudas públicas.

Así lo recoge el escrito de acusación de Fiscalía, que afirma que "la mayoría" de las facturas empleadas para justificar las subvenciones eran "meros artificios" que no respondían "a ningún gasto efectivo" y que únicamente eran usadas para "dar apariencia de realidad" a la actividad ilícita que llevaban a cabo.

Estos hechos fueron denunciados con la llegada en 2015 de un nuevo equipo directivo a la Asociación de Hostelería de Santiago y llegan, casi diez años después, a juicio en una vista que arranca este martes 26 de septiembre en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Santiago con previsión de que se prolongue hasta el viernes de esa misma semana.
 

CUATRO SUBVENCIONES

Concretamente, el Ministerio Fiscal ha pedido a los directivos de la entidad compostelana que respondan por el cobro ilícito de cuatro subvenciones otorgadas por la Xunta de Galicia en los años 2012 y 2013.

Según Fiscalía, las dos primeras fueron captadas al amparo de un convenio suscrito con la Diputación de A Coruña para el desarrollo de un programa de desestacionalización turística asociada a la promoción del Camino Inglés de Santiago. En total, la cuantía percibida asciende a casi 102.000 euros.

En 2013, recibieron otra subvención de más de 35.000 euros a través de la Administración autonómica procedente de fondos europeos de desarrollo para llevar a cabo actuaciones de eficiencia energética en la sede de la asociación, situada en la Rúa Salvadas de la capital gallega.

Precisamente la reforma de estas instalaciones ubicadas en el compostelano barrio de Vista Alegre fue el objeto por el que percibieron la subvención de mayor cuantía, que alcanzó los 250.000 euros.

En este caso, Fiscalía sostiene que la directiva se puso de acuerdo con una empresa de interiorismo para modificar la fecha de una de las facturas presentadas y que, de este modo, entrase dentro del período subvencionable.

Los trabajos, añade el Ministerio Público, se realizaron en el año 2009, pero la factura se cambió 'a posteriori' para que figurasen como hechos en el 2011 y así poder optar a la ayuda de la administración.