Asilos: la oposición denunciará en los juzgados las inspecciones de la Xunta y el PP se defiende aludiendo a Cataluña

El debate de dos mociones impulsadas por el BNG y el PSdeG en las que piden investigar las denuncias de filtraciones de inspecciones en las residencias de mayores ha estado marcada por la bronca entre la oposición y la diputada del PPdeG Raquel Arias, quien espetó que "no es decente venir a pedir más servicios y recursos" a la Xunta mientras les parece "chachi que les den" una condonación de deuda "a los catalanes, que se lo sacan a los españoles".

El debate trae causa de la interpelación que la semana pasada el diputado Iago Tabarés (BNG) y la parlamentaria Marina Ortega (PSOE) formularon a la Xunta a raíz de la denuncia de la asociación de inspectores sobre "filtraciones" de las revisiones de estos funcionarios, lo que les permitía a los centros enmendar cuestiones antes de que acudiesen a levantar acta.

"Transparencia, respeto y dignidad a los mayores", reclamó el diputado del Bloque, quien en su segundo turno elevó a una cuestión de "dignidad" del Parlamento en la defensa del sistema de residencias --usuarios, familias, etc-- y quien afeó a Arias que emplease al tribuna de "espacio promocional" sacando a la palestra "Bildu", Cataluña y hasta --dijo dudar-- el "documental de Évole" (en referencia a la pieza sobre el terrorista de ETA Josu Ternera).

Por su parte, la diputada socialista Marina Ortega ha acusado a los populares de que "tienen la cara de venir aquí a llamar mentirosos a los inspectores" y ha concluido que la negativa de la conselleira, Fabiola García, a abrir una investigación "la delata". "Empatía e investigación ya", ha exigido la diputada ourensana.

ACUDIR A LA FISCALÍA 
Raquel Arias, que hizo una defensa de la gestión de la Xunta y de la inversión de "dos de cada tres euros en las personas", ha invitado a la oposición a llevar las pruebas que tengan a la Fiscalía, al respecto de lo que Tabarés ha distinguido entre denuncia y el resto del proceso judicial y le ha dicho que "en cuanto levanten el secreto" --de la documentación solicitada--, efectivamente las pondrá en manos de la Justicia.

La diputada popular contrapuso las denuncias de los grupos de la oposición a la "deuda de 2.500 millones" del Estado con Galicia en materia de dependencia y llamó a BNG y PSdeG a sumarse a la reclamación de que financien el 50 por ciento de la ley y a que transfiera el ingreso mínimo vital (IMV), sin lo que, aseguró, la Xunta no puede tramitar la reforma de la normativa para hacerla compatible con la Risga.