Asilo vinculado al alterne y multado por "maltrato" recibe nuevos expedientes sancionadores, alerta CIG de O Barco

El sindicato CIG ha denunciado que la residencia de ancianos Nuestra Señora de Fátima, ubicada en O Barco de Valdeorras (Ourense), sigue en funcionamiento cobrando dinero público, pese haber sido objeto de nuevos expedientes sancionadores tras haber sido multada antes por "maltrato y negligencia". Además, su ex-administrador vinculó el origen de este grupo de asilos a un bar de alterne. La Xunta de Galicia, por su parte, ha confirmado la existencia de un expediente abierto y en proceso de revisión.

Como recuerda el sindicato, la residencia fue multada con 38.000 euros por "graves irregularidades", entre las que se destacan la falta de alimentación adecuada, la sujeción ilegal de un usuario y la falta de enfermeras 24 horas. Estas deficiencias fueron detectadas en inspecciones realizadas en 2019 y 2020, antes de la COVID, y posteriormente ratificadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tras recurso judicial de la empresa. 

A pesar de ello, la residencia sigue operativa y recibe financiación pública, ya que, como denunció Galiciapress en agosto, Política Social financia 10 de sus 233 plazas.

Desde la CIG se critica que, cuatro años después de la identificación de las primeras deficiencias, la Administración autonómica no haya retirado la autorización de funcionamiento del centro, o al menos dejar de financiar con dinero público esas plazas.

 Además, el sindicato recuerda que el ex-administrador de la Fundación Nuestra Señora de Fátima denunció posibles vínculos del negocio con actividades ilícitas, lo que, a su juicio, agrava la situación.

"De lo actuado e informes recibidos se deduce que en los años 80 y procediendo de O Barco en donde regentaba un bar de señoritas 'El Shangai', X.X,X.  inició en nombre propio en Vallirana (Barcelona) una cadena de residencias privadas para ancianos", escribió en un informe judicial el ex-administrador judicial de la Fundación cuando su alma máter y ex-administrador, fue arrestado por malversación y fraude.

En un comunicado, la CIG sostiene que la continuidad de la residencia, a pesar de las irregularidades confirmadas, pone en entredicho la responsabilidad de las autoridades y podría tener repercusiones legales y políticas. Asimismo, exigen la revocación inmediata  nuevas inspecciones para garantizar la seguridad y bienestar de los residentes.

Consultada sobre esta situación, la Consellería de Política Social ha asegurado que la residencia está sujeta a inspecciones periódicas. La última, realizada en junio de este año, detectó fallos en su funcionamiento, lo que llevó a solicitar a la dirección del centro su corrección inmediata. Actualmente, el expediente abierto continúa en proceso de resolución. La Xunta non ha concretado qué nuevas deficiencias se han detectado.

La muerte de 17 personas por Covid durante la pandemia en este asilo fue investigada por la justicia. Sin embargo, el asunto no pasó de las diligencias previas, cuando varias trabajadoras fueron llamadas a declarar en los juzgados de O Barco. De hecho, no existe ningún pleito en toda Galicia por lo sucedido en las residencias durante la pandemia, pese a que la Xunta tuvo que intervenir media docena de ellas por falta de recursos de sus gestores privados.